La Sala III de la Cámara de Casación rechazó este lunes 10 de julio un recurso contra la fiscalía interpuesto por la defensa de Walter Bento, el juez electoral federal de Mendoza que fue suspendido en su cargo el 31 de mayo pasado por el Consejo de la Magistratura y está por ser juzgado en un juicio oral. Bento y sus abogados intentaron recusar al fiscal Dante Vega, pero esto pretensión fue rechazada.
Según la fiscalía que Bento intentó apartar, el juez otorgaba beneficios procesales -desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso- a cambio de sobornos que consistían -entre otras prestaciones- en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses. Pero Bento no habría operado solo.
De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga -padre de Juan Ignacio-, con quienes gestionaban para concretar los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas con causas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyos expedientes intervenía el juez de Mendoza.
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De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.
El juicio oral contra los 30 acusados podría arrancar el 26 de julio.
El 8 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, no hizo lugar a la recusación presentada por la defensa de Bento contra el Fiscal General Dante Vega. Para llegar a esa decisión, recordaron que “mediante Resolución MP Nº 252/22 de fecha 9 de noviembre de 2022, el Procurador General de la Nación resolvió ´DESIGNAR al doctor Dante Marcelo Vega, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, para que actúe en representación del Ministerio Público Fiscal, en forma conjunta o alternada con la doctora María Gloria André, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”.
Y agregaron que “en lo que hace a las actuaciones funcionales del fiscal durante la instrucción, no corresponde a esta etapa prematura su análisis y juzgamiento. Será la etapa del debate oral la oportunidad en la que las partes planteen sus diferentes teorías del caso, aporten la prueba que entiendan las respalda e intenten rebatir la que sea contraria a su pretensión. Los planteos realizados, en general, implican un análisis del contenido de la causa que exceden ampliamente esta instancia incidental y que, a priori, no configuran ninguna de las situaciones que permitirían hacer lugar a un pedido tan extremo como el que se intenta”.
Esa decisión fue apelada por los abogados de Bento ante la Cámara de Casación Penal. Ahora, los jueces de la Sala III hicieron hincapié en que la regla general en la materia es aquella que señala que la resolución que decide acerca de recusaciones “no constituye sentencia definitiva ni equiparable a ella, en los términos establecidos en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hacen imposible que continúen las actuaciones ni deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
En su voto, el juez Borinsky, agregó que: “Tampoco puede soslayarse que el recurrente no ha logrado demostrar la perdida de objetividad que pregona respecto del doctor Dante Vega, con adecuado sustento en alguna de las causales previstas en el artículo 55 CPPN o las excepciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Llerena” (Fallos 328:1491) y “Dieser” (Fallos: 329:3034), lo que sella la improcedencia de su recurso. Finalmente, viene al caso recordar que el cuestionamiento sobre la actuación del mencionado fiscal en las presentes actuaciones no resulta novedoso y fue analizado por esta alzada en reiteradas oportunidades”.
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Al margen del debate oral, ya está en marcha el Jury. Bento fue enviado a juicio político y suspendido por unanimidad por el Consejo de la Magistratura. Fue por mal desempeño de sus funciones bajo la acusación de que desde su juzgado cometió varios delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas a acusados para beneficiarlos. En la causa penal, Bento tiene ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva que no se puede hacer efectiva por los fueros que tiene como juez. Si es destituido los perderá y podrá ser detenido.
Precisamente, uno de los hijos de Bento también es funcionario del Poder Judicial y fue suspendido en su cargo frente a esta situación el 23 de noviembre pasado. Según se determinó, sus inasistencias al compas de la investigación penal fueron justificadas mes a mesa con certificados médicos. Pidió ser reincoporado a su cargo porque se violaba el principio de inocencia en el marco de un proceso administrativo.
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