El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido que hizo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para que sean detenidos tres integrantes de Revolución Federal por su presunto vínculo con el intento de homicidio que sufrió hace cuatro. El magistrado entendió que la situación de los acusados no cambió desde principios de noviembre cuando fueron liberados por la Cámara Federal, por lo que no hay elementos nuevos para restringir su libertad.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez también rechazó otros pedidos de Cristina Kirchner: la citación a indagatoria de Rossana Caputo por el financiamiento al grupo; el allanamiento y el secuestro del celular de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta. Martínez de Giorgi sí hizo lugar a los planteos de la querella para que se incorporen a la causa las declaraciones de testigos en el expediente por el intento de homicidio de la vicepresidenta, que se analicen las redes sociales de De Tezanos Pinto.
En el expediente contra Revolución Federal se investiga al grupo por incitación a la violencia en sus actividades públicas, como una marcha en la que llevaron una guillotina. El juez Martinez de Giorgi detuvo el 20 de octubre a los integrantes de Revolución Federal Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, hija del ex director técnico de la selección argentina Alfio “Coco” Basile. El 1 de noviembre la Cámara Federal los liberó. Los cuatro están procesados por el delito de incitación a la violencia pública.
El grupo tenía en sus redes sociales mensajes violentos y de deseos de matar a Cristina Kirchner. La vicepresidenta, a través de sus abogados querellantes José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidió ayer la detención de Morel, Guerra y Sosa. “Al leer los informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, señalaron en el escrito en el que agregaron que “de las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”.
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La referencia es a Fernando Sabag Montiel, quien empuñó el arma que apuntó contra Cristina Kirchner. Sabag Montiel está preso junto a Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres presos procesados por planificar el intento de homicidio de la vicepresidenta.
Al vincular los dos hechos, los abogados querellantes señalaron que los integrantes de Revolución Federal podría estar relacionados con el intento de homicidio. Para eso se basaron en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que dieron cuenta que Morel, Sosa y Guerra hablaban el 27 de agosto hablaban de que se necesitan vecinos de Recoleta para atacar a Cristina Kirchner: “tirar kerosene desde los balcones”, decían. Ese mismo 27 de agosto Sabag Montiel y Uliarte estaban en las inmediaciones del edificio e intentaron matar a la vicepresidenta: “ya se metió adentro (...), ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja”, fue la charla que tuvieron.
La querella también señaló que Sosa y Guerra estuvieron en el departamento de la vecina de Cristina Kirchner. Ese ocurrió también el 27 de septiembre. “Ya desde antes del atentado, fue muy llamativo como De Tezanos Pinto pasó de presentarse mediáticamente como una persona sumamente hostil a Cristina Fernández de Kirchner a manifestar cierta simpatía por nuestra representada y sus militantes. Lo cierto es que, ahora, este supuesto cambio de ánimo luce mucho más entendible: mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, elaboró una pantalla discursiva para poder actuar con tranquilidad”, señalaron los abogados.
“De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”, dijeron los querellantes. La referencia al dinero es porque en la casa de Sosa se encontraron 50 mil dólares y Morel cobró 15 millones de pesos por trabajos que hizo su carpintería para Caputo Hermanos, una empresa familiar Luis Caputo, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, y Nicolas Caputo, empresario y uno de los mejores amigos de Macri.
Puntualmente, la carpintería de Morel hizo trabajos para un emprendimiento inmobiliario de los Caputto en Neuquen y el nexo fue Rossana Caputo. La querella sospecha que el dinero en rigor fue para financiamiento de Revolución Federal.
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Con todo eso y otros elementos, la vicepresidenta pidió la detención de los tres integrantes del grupo, el allanamiento a la casa de su vecina y la indagatoria de Rossana Caputo. La ex presidenta publicó la presentación en sus redes sociales. El juez Martínez de Giorgi no compartió el planteo en una resolución que dictó ayer a última hora.
Sobre los pedidos de detención señaló que la “libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Excma. Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior”. El juez aclaró que su decisión es “sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente” en la causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta.
“Con respecto a la convocatoria de Rossana Caputo a prestar declaración indagatoria, estese a las resultas de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel para proveer lo que corresponda en su oportunidad”, señaló en otro tramo de su resolución a la que accedió Infobae. La referencia es a que todavía se esperan los resultados de una serie de informes patrimoniales.
El magistrado tampoco aceptó el allanamiento al domicilio de De Tezanos Pinto para secuestrar su celular. “En su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado y cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, resolvió. El juez también le solicitó a las redes sociales Twitter e Instagram que informes las cuentas de De Tezanos Pinto para que remitan las publicaciones y los mensajes directos que hizo desde abril pasado a la actualidad.
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