La crisis climática en Honduras comienza a trasladarse al mercado laboral. Empresarios de la región sur advirtieron que la combinación de sequía, mayores costos de producción y pérdidas en actividades agrícolas y acuícolas podría provocar la desaparición de entre 6.000 y 8.000 empleos durante los próximos seis a ocho meses.
Carlos Zelaya, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCISur), pidió al Gobierno acelerar las medidas financieras para evitar que las empresas reduzcan sus operaciones o terminen cerrando.
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“Estamos en niveles críticos”, afirmó Zelaya, quien señaló que el problema ya afecta a distintos sectores productivos de la región y no únicamente a la industria camaronera.
La zona sur ha recibido menos del 30% de las lluvias registradas en 2024, una reducción que ha golpeado directamente la producción y elevado el riesgo de pérdidas en diferentes actividades.
Entre los sectores más afectados se encuentran el camarón, la caña de azúcar y el melón, además de otros rubros agrícolas y acuícolas que dependen de la disponibilidad de agua.
En el caso de la producción camaronera, Zelaya señaló que la mortalidad está aumentando y podría superar el 30%, mientras los productores de otros cultivos también enfrentan dificultades para mantener sus niveles de producción.
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Preocupación en la zona sur
A la falta de agua se suma otro problema que presiona las finanzas de las empresas: el aumento de los costos de producción, particularmente por el precio de los combustibles.
La combinación de ambos factores ha reducido el margen de maniobra de los productores, que ahora necesitan capital para mantener sus operaciones mientras enfrentan menores niveles de producción.
La CCISur estima que, el impacto potencial sería todavía mayor si la crisis se extiende al conjunto de la agroindustria de la región, donde, según Zelaya, unos 50.000 empleos están vinculados a estas actividades.
El sector empresarial busca mecanismos financieros que permitan evitar que la crisis climática se transforme en una crisis de solvencia.
Una de las propuestas consiste en readecuar y refinanciar las deudas que actualmente mantienen los productores y empresas, de manera que puedan obtener mayor margen para enfrentar las pérdidas sin deteriorar su clasificación dentro del sistema financiero.
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La CCISur mantiene conversaciones con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y prevé entregar esta semana la última información solicitada para que pueda evaluarse una resolución que permita atender la situación.
El objetivo es evitar que productores afectados por la sequía sean considerados automáticamente como clientes de mayor riesgo y pierdan el acceso al crédito que necesitan para continuar operando.
Facilidad de créditos
Zelaya también planteó la creación de una facilidad financiera mediante el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banprovi), que permita canalizar recursos de emergencia hacia las empresas y productores afectados.
La propuesta busca que los recursos puedan utilizarse como capital de trabajo y para realizar inversiones inmediatas que permitan reducir las pérdidas y mantener activas las operaciones.
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El sector también ha planteado utilizar mecanismos de financiamiento a través de Banprovi o Banadesa, con condiciones adaptadas a la realidad de los productores afectados por la falta de lluvias.
Otra de las solicitudes está relacionada con la recuperación de créditos fiscales pendientes. Para los empresarios, esos recursos representan capital de trabajo que podría utilizarse para mantener las operaciones y cubrir parte de las necesidades financieras generadas por la crisis.
Zelaya aseguró que la CCISur ha mantenido reuniones con funcionarios, incluido el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
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Según el empresario, existe apertura para analizar las propuestas, pero el factor tiempo se ha convertido en el principal problema. Los productores necesitan recursos antes de que las pérdidas aumenten y antes de que las empresas tengan que reducir personal.
La agroindustria y la acuicultura generan empleos directos e indirectos y sostienen buena parte de la actividad económica de la región. Una disminución prolongada de la producción podría afectar no solo a las empresas, sino también a los comercios y servicios que dependen del movimiento generado por estas actividades.
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