El Estado hondureño desplegó el 17 de marzo de 2026 una ofensiva simultánea contra redes de narcotráfico, con operaciones en diez departamentos que culminaron en decomisos valuados en cientos de miles de dólares, la destrucción de cultivos ilícitos y la incautación de fentanilo dirigido a la fabricación de drogas sintéticas.
Esta acción, según las autoridades, marca un cambio decisivo en la estrategia nacional para desarticular organizaciones delictivas con alto poder económico y operacional.
Entre los resultados más destacados del operativo, el director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, detalló la incautación de vehículos valuados entre 200 mil y 250 mil dólares, incluidos todoterrenos blindados, además de 14 automotores de alta gama, motocicletas y un cabezal.
Muñoz aseguró que tal magnitud en el aseguramiento de activos “no tiene precedentes en operativos anteriores”; esto, de acuerdo con el informe recogido por el Ministerio Público de Honduras, expone la capacidad financiera de las redes criminales en el país.
Durante las acciones, fueron capturadas seis mujeres y tres hombres, quienes enfrentarán cargos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de fármacos y drogas convencionales. Se realizaron 30 allanamientos y 54 inspecciones; las pesquisas continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes de las organizaciones, precisó el Ministerio Público.
El operativo incluyó la erradicación de más de 32 mil arbustos de coca y 24 mil 600 plantas de marihuana en ubicaciones rurales estratégicas, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la extracción de alcaloides de cocaína.
Muñoz valoró este golpe a la infraestructura de producción como un avance tangible en la reducción de la capacidad de manufactura de estupefacientes dentro de las fronteras nacionales.
De manera paralela, el Ministerio Público intervino diecinueve hospitales y droguerías, detectando irregularidades en el manejo de medicamentos controlados, especialmente fentanilo.
Fuentes oficiales confirmaron que “grupos delictivos aprovecharon fallas en los controles sanitarios para obtener estos fármacos y emplearlos como base para drogas sintéticas”, e incautaron durante los registros cantidades cuya magnitud refuerza las sospechas sobre tráfico ilegal de insumos médicos.
Las autoridades aseguraron 339 mil lempiras en efectivo y confiscaron armas de fuego, municiones, equipo táctico y chalecos antibalas. De acuerdo con la DLCN, estos recursos estaban destinados a sustentar la seguridad de las operaciones delictivas y a evadir la intervención estatal.
El fiscal general, Johel Zelaya, subrayó la determinación institucional de continuar la ofensiva en todo el territorio: “No me voy a esconder ni voy a retroceder. Vamos a seguir actuando contra el crimen y la corrupción”. Reiteró el llamado a entidades públicas y privadas para fortalecer sus mecanismos de supervisión y evitar ser instrumentalizadas por el narcotráfico.
La diversificación criminal se refleja en el uso de productos de apariencia inocua, como blísteres e insumos médicos, hallados en los operativos e identificados como materia prima para nuevas variantes de drogas. El director de la DLCN señaló que “estos hallazgos evidencian una evolución en las operaciones del crimen organizado”, con impacto creciente en la salud pública.
Frente a esta sofisticación delictiva, el fiscal general Zelaya subrayó la necesidad de invertir en recursos, tecnología y personal especializado, enfatizando que el combate a organizaciones “con conexiones internacionales requiere inversión en tecnología, personal capacitado y coordinación interinstitucional”.
El despliegue logístico, apoyado por unidades especializadas y Fuerzas Armadas, permitió una respuesta integral y simultánea en múltiples regiones, reforzando el enfoque del gobierno en atacar estructuras criminales complejas y descentralizada
Las operaciones continuarán en las próximas semanas, con el compromiso institucional de informar avances a la ciudadanía. El Ministerio Público sostiene que este operativo representa un hito en la lucha contra el crimen organizado y enfatiza que no permitirá “que ninguna institución se preste para estas actividades. Vamos a investigarlos, seguir sus rastros y llevarlos ante la justicia”.
El saldo de la movilización incluyó el decomiso de cocaína, crack y marihuana destinadas al microtráfico, la destrucción de plantaciones y el aseguramiento de activos de alto valor. Las entidades intervinientes recalcan que estas acciones buscan restringir tanto la producción como la circulación de drogas en comunidades urbanas y rurales a escala nacional.
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