El presidente Bernardo Arévalo ordena usar todos los recursos del Ejecutivo para esclarecer el asesinato del periodista Evelio López Sánchez en Huehuetenango

El presidente Bernardo Arévalo ordenó destinar todos los recursos del Ejecutivo para esclarecer el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el viernes 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, e identificar a los responsables.

El mandatario repudió el homicidio y expresó solidaridad con la familia, los colegas y el gremio periodístico del comunicador.

López Sánchez tenía 34 años, era maestro, cronista deportivo y fundador del medio digital Huehue Es Noticia. También integraba la Asociación de Prensa de Huehuetenango, conocida como APEHUE.

El periodista murió baleado cerca de las 22:15 en el cantón Nazareno, mientras se dirigía a su vivienda en el cantón Cementerio. La Policía Nacional Civil informó que la causa de muerte habría sido un proyectil de arma de fuego.

El levantamiento del cuerpo debió postergarse hasta el sábado por la tensión en la zona, según la Policía Nacional Civil. Adela Lucía Ramírez Domingo, de 39 años, realizó el reconocimiento del cadáver.

La acusación vecinal y el incendio de la dependencia policial

La muerte de López Sánchez derivó en disturbios luego de que agentes policiales interceptaran a un conductor de un vehículo blanco que circulaba por el sector. Tras revisar sus datos, lo dejaron en libertad al concluir que no era el responsable del ataque, una decisión rechazada por parte de la población.

Cerca de 500 personas se reunieron frente a la subestación 43-4-4 de la Policía Nacional Civil durante la noche del crimen. El personal abandonó el edificio por seguridad y los vecinos ingresaron, dañaron la estructura y material logístico.

Durante la madrugada del sábado, una turba incendió completamente la dependencia policial, un vehículo y una vivienda donde se presumía que podía estar el supuesto agresor.

El inspector César Mateo, subjefe del Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, sostuvo que la institución no puede detener a una persona solo por señalamientos de vecinos, sin orden judicial ni elementos que respalden la captura.

La APEHUE presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, con sede en Quetzaltenango, y reclamó una investigación “rigurosa y transparente”. La organización cuestionó que representantes de la fiscalía llegaran al lugar del crimen recién a la mañana siguiente, una demora que, a su juicio, pudo afectar la preservación de pruebas.

La Junta Directiva 2026-2028 de la asociación exigió justicia el mismo día del asesinato: “No más impunidad, exigimos justicia”. También señaló que la exposición del cuerpo durante varias horas vulneró la dignidad del periodista y los derechos de sus familiares como víctimas indirectas.

Las amenazas y la hipótesis vinculada con el periodismo

La Asociación de Periodistas de Guatemala indicó que existía información preliminar sobre intimidaciones vinculadas con el trabajo informativo de López Sánchez. En la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la entidad afirmó: “Se tiene conocimiento que sufría de amenazas constantes por su labor periodística”.

Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades guatemaltecas investigar de manera prioritaria si el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional. La organización sostuvo que el reportero había denunciado públicamente amenazas desde hacía años, algunas recibidas por teléfono.

Un colega que solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad dijo a la organización que López había asociado parte de esas intimidaciones con actores políticos. Esa vinculación deberá ser determinada por las autoridades.

Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, planteó que la pesquisa “debe tener en cuenta las amenazas que había recibido debido a su actividad periodística”. También reclamó condiciones para que los periodistas trabajen “sin temor a amenazas ni represalias”, particularmente ante las elecciones generales y municipales previstas para 2027.

Dos periodistas consultados por la organización describieron a Huehuetenango como una zona atravesada por actividades vinculadas con narcotráfico, tráfico de personas e intereses políticos locales.

Según sus testimonios, la cobertura de la gestión municipal, el uso de recursos públicos y posibles casos de corrupción puede exponer a reporteros locales a amenazas.

El homicidio se produjo meses después del asesinato del periodista independiente Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido el 26 de abril de 2026 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Cal Ical cubría infraestructura municipal, carreteras y denuncias ciudadanas.

En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, Reporteros Sin Fronteras ubicó a Guatemala en el puesto 128 de 180 países y territorios.

Las medidas de protección para periodistas de San Pedro Necta

El Ministerio de Gobernación señaló que el móvil del asesinato deberá establecerse durante la investigación y que cualquier información sobre posibles responsables será tratada sobre la base de elementos probatorios.

La cartera afirmó que la exigencia ciudadana de justicia no puede reemplazar la investigación ni el debido proceso, y rechazó los ataques contra personas, viviendas, vehículos e instalaciones públicas.

Tras el homicidio, la fiscalía especializada adoptó medidas de protección para varios periodistas de San Pedro Necta, según informó APEHUE a Reporteros Sin Fronteras.

El Gobierno también señaló que el Mecanismo de Protección para Periodistas se encuentra en su fase final de validación con organizaciones dedicadas a la seguridad del gremio y comprometió su publicación antes de que termine el año.