Unos 3.9 millones de niñas y mujeres en Centroamérica contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022 según informe regional

El rescate de una niña peruana de diez años que iba a ser esposa de un hombre de cincuenta años dejó al descubierto a una presunta red de trata con fines de matrimonio servil, una práctica que no es ajena en Centroamérica.

Según datos de UNICEF, la prevalencia del matrimonio infantil en la región ha permanecido prácticamente sin cambios en las últimas décadas.

Se estima que 3.9 millones de niñas y mujeres de la región contrajeron matrimonio antes de los quince años, entre 2000 y 2022, lo que equivale al 4 % de las mujeres de entre veinte y veinticuatro años.

Además, 16.4 millones estuvieron casadas antes de los dieciocho años, representando el 20 % en ese mismo grupo etario.

En El Salvador, hasta 2021, la prevalencia del matrimonio infantil alcanzó el 20 %. Unas 199,700 niñas y mujeres se casaron antes de los quince años (4 %) y 720,300 antes de los dieciocho años (20 %).

En Costa Rica, según datos hasta 2018, 60,800 niñas y mujeres contrajeron matrimonio antes de los quince años (2 %) y 370,200 antes de los dieciocho (17 %).

En Honduras, hasta 2019, 334,000 niñas y mujeres se casaron antes de los quince años (9 %) y 1.2 millones antes de los dieciocho (34 %).

En Nicaragua, según cifras de 2012, 328,900 niñas y mujeres se casaron antes de los quince años (10 %) y 1.1 millones antes de los dieciocho (35 %).

En Panamá, con datos de 2013, 102,700 niñas y mujeres se casaron antes de los quince años (7 %) y 383,200 antes de los dieciocho (26 %).

En Guatemala, de acuerdo a registros de 2015, 565,300 niñas y mujeres se casaron antes de los quince años (6 %) y 2.1 millones antes de los dieciocho (30 %).

Realidad de las adolescentes en Guatemala

Según un estudio global de Plan International realizado en 2025, el 63 % de las adolescentes encuestadas que fueron sometidas a uniones forzadas no estudia ni trabaja. El informe también señala que el 45 % de estas jóvenes se casó con hombres cinco años o más mayores.

Solo el 35 o 36 % de las adolescentes permanecía escolarizada en el momento de la unión. La mayoría abandona sus estudios tras asumir tareas domésticas y el 13 % reportó haber experimentado algún tipo de violencia dentro de la relación.

Antonio Gutiérrez, representante de país para Plan International en Guatemala, explicó: “El abandono escolar priva a las menores de un espacio protector” y limita sus oportunidades para desarrollarse. Muchas se convierten en madres en la adolescencia y enfrentan una vida de dependencia económica y falta de autonomía en decisiones sobre su tiempo y su hogar.

Gutiérrez relató: “Hay niñas de trece, catorce años que han sido sometidas a una unión forzada, que no comprenden cuál es el rol que están ejerciendo en ese momento. No comprenden qué es ser una esposa, qué es ser sometida a violencia sexual, porque no son relaciones consentidas, son relaciones ejercidas por ese poder sobre una niña”.

El estudio advierte que en algunos casos extremos, las jóvenes pueden fallecer durante el parto si no reciben autorización del esposo para trasladarse a un hospital.

Además, la desnutrición crónica afecta al 48 % de los menores de cinco años en el país, dato que se vincula con la maternidad temprana.

Patrones culturales y causas de fondo

Entre los factores que explican la persistencia de las uniones forzadas figuran patrones de crianza tradicionales. Gutiérrez señaló: “En el área rural, muchas de las niñas se ven sometidas a criar y responsabilizarse de sus hermanos menores desde los siete años o desde los ocho años. Es bastante común ver a una niña de doce años cargando a su hermanito de tres o cuatro años en brazos”.

También se observa que la preocupación por el honor familiar puede llevar a imponer una unión ante un simple noviazgo o contacto mínimo entre adolescentes, independientemente de la voluntad de la menor o la diferencia de edad entre las partes. “Incluso ese tipo de contacto tan mínimo puede significar susceptibilidades en los honores que la familia debe de resguardar”, afirmó.

La falta de campañas masivas de sensibilización y la limitada socialización de la prohibición legal contribuyen a que estas prácticas persistan. “No se habla de este tema a nivel de las escuelas, a nivel de los hogares, de las instituciones… no se ha hecho un proceso de comunicación masiva para que se conozca esto y que incluso lo prohíbe la ley”, precisó.

Zonas más afectadas, brechas y vulnerabilidad

Según datos del Observatorio de Salud Reproductiva, las adolescentes más afectadas por embarazos vinculados a uniones forzadas tienen entre quince y dieciocho años. Al cierre de julio de 2026 se habían reportado más de 30,000 embarazos en adolescentes.

Sobre la concentración geográfica, Gutiérrez detalló: “Históricamente han sido tres departamentos, ahora hay un cuarto departamento”, señalando a Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango y Guatemala como las zonas con los índices más altos de embarazos en adolescentes. Estas regiones también presentan altos niveles de pobreza, desnutrición y violencia, factores que, según el vocero, “co-conjugan estas diferentes estadísticas… aunque al no contar con una estadística precisa, son análisis y estimaciones en base a la experiencia”.

En algunas regiones del país, el acceso a la educación secundaria es de apenas 5 o 10 %, mientras que el promedio nacional es del 50 %. El acceso al bachillerato está entre el 25 y 30 %. Estas diferencias incrementan la vulnerabilidad de las adolescentes.

Normativa, denuncia y respuesta institucional

En Guatemala, la prohibición total del matrimonio y las uniones en menores de edad rige desde la reforma del código civil en 2017. Hasta esa fecha, los jueces podían autorizar uniones con menores. Desde la modificación, cualquier posibilidad legal quedó eliminada.

Antonio Gutiérrez afirmó: “Todavía seguimos teniendo uniones informales o forzadas, porque la ley lo prohíbe, pero se siguen dando”. No existe un registro estadístico oficial que permita saber cuántas uniones forzadas ocurren actualmente. Al tratarse de prácticas ilegales, las familias no las reportan.

Los datos disponibles corresponden a años previos a la reforma. Entre 2015 y 2017, el Registro Nacional de las Personas reportó 3,400 matrimonios en niñas menores de edad. Un estudio de UNICEF de 2017 señaló que el 30 % de las mujeres estaban casadas o en unión antes de los dieciocho años.

Uno de los principales desafíos para erradicar las uniones forzadas es la falta de denuncias. Según la experiencia comunitaria de Plan International, más del 50 % de los casos no se reportan. Entre los factores que dificultan la denuncia figuran el desconocimiento, la dependencia económica y las relaciones de poder en el entorno familiar.

Gutiérrez puntualizó: “Muchos de los casos que conocemos no han sido denunciados… hay muchos casos que no se llegan a conocer, que siguen en el anonimato”.

En las comunidades donde existen redes de protección activas, integradas por docentes y líderes comunitarios, se eleva la cantidad de denuncias y se logra un mayor seguimiento institucional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las uniones forzadas permanecen en el anonimato.

La dependencia económica influye en la decisión de no denunciar, especialmente cuando la menor ya es madre. También existen situaciones en las que figuras de poder en la comunidad ejercen control o amenazas para evitar que los casos se hagan públicos.

Plan International trabaja en coordinación con autoridades de gobierno, líderes comunitarios, docentes, padres y madres y grupos de niñas y niños en las escuelas. Entre las acciones que desarrolla figuran talleres para retrasar el inicio de relaciones sexuales, la promoción de la educación y proyectos para incrementar el acceso a la secundaria y al bachillerato.

La organización promueve metodologías para involucrar a padres y madres en la crianza igualitaria y en la prevención de la violencia sexual, que según los datos, ocurre en más del 90 % de los casos dentro del entorno familiar o cercano.

La denuncia es un mecanismo clave para restituir los derechos de las niñas. Antonio Gutiérrez recomendó recurrir a los servicios estatales y municipales, como la Oficina Municipal de la Mujer, que pueden dar acompañamiento y canalizar los casos ante las autoridades competentes.

“El trabajo integrado entre entidades de Estado, asociaciones civiles, la comunidad y organizaciones como Plan International es fundamental”, afirmó. La sensibilización y la información se consideran elementos necesarios para prevenir que las uniones forzadas continúen ocurriendo.

Estas cifras reflejan la persistencia del fenómeno a nivel regional, con matices nacionales, pero con un patrón común: una proporción significativa de niñas y adolescentes en Centroamérica sigue enfrentando el matrimonio infantil o las uniones tempranas.