
Tres partidos de Guatemala: Poder, URNG-MAÍZ y Winaq, siguen por debajo de los 28.083 afiliados que exige la ley para conservar su inscripción y poder postular candidatos en las elecciones generales de 2027, con un plazo que vence el 10 de septiembre, según confirmó el magistrado Quelvin Jiménez del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista con Infobae Centroamérica.
El rezago más marcado corresponde a URNG-MAÍZ, que al 3 de agosto de 2026 acumulaba 25.793 afiliados y necesitaba sumar 2.290 personas en pocas semanas. Winaq registraba 25.879 y Poder, cuyo nombre oficial es Partido de Oportunidades y Desarrollo, llegaba a 26.521.
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Fuera de ese grupo, el Partido Verde Guatemalteco también aparece cerca del umbral con 28.023 afiliados, apenas 60 por debajo del mínimo, aunque no fue incluido entre las tres organizaciones que, según Jiménez, todavía estaban pendientes de alcanzar la cifra legal.

El umbral legal define qué partidos podrán competir en 2027
Jiménez explicó que la información proviene de Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, área encargada del seguimiento técnico del proceso. El magistrado indicó al medio que no podía detallar el mecanismo interno de revisión de adhesiones porque el pleno debe mantenerse al margen de esos trámites para preservar su imparcialidad ante posibles impugnaciones.
Al aludir a las quejas por la velocidad de digitalización de datos, sostuvo: “Regularmente a veces, pues, si no, quizá es imposible quedar bien con todos los partidos políticos”.
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El escenario de los comités en formación es desigual. Jiménez informó que Somos Dignidad, Dignidad y Chapín ya reunieron el número de adherentes requerido y atraviesan la fase de asamblea.
También completaron ese piso Movimiento Único Chapín y Transformación Nacional, que están próximos a iniciar sus propias asambleas. El comité Raíces encabeza el conteo entre las agrupaciones en formación con 41.972 adherentes registrados al 3 de agosto y se encuentra en revisión de minuta de escritura pública y edicto, un paso previo a la constitución formal.
En el tramo más rezagado, el Partido Nuestra Libertad y el Partido Político Reconstrucción aún buscan llegar al mínimo de adherentes antes de que expire su plazo de dos años. Reconstrucción reportaba 22.371 afiliados en la misma fecha de corte.
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La exigencia legal no se reduce al número de afiliados. La Ley Electoral y de Partidos Políticos obliga además a acreditar presencia en al menos 12 departamentos y 50 municipios para obtener la inscripción definitiva como partido político.

El Tribunal Supremo Electoral busca sumar más de dos millones de empadronados
La entrevista con Jiménez se dio mientras el Tribunal Supremo Electoral desarrolla una campaña de empadronamiento masivo para incorporar a más de dos millones de ciudadanos mayores de 18 años que todavía no figuran en el padrón, antes del cierre del registro en marzo de 2027.
Los empadronadores trabajan los siete días de la semana, con puestos móviles en universidades y despliegue territorial en comunidades alejadas. El magistrado advirtió, citado por Infobae Centroamérica, que el mayor déficit de inscripción no está en las zonas rurales remotas, sino en las cabeceras departamentales, donde detectaron desinterés entre quienes ya cumplieron la mayoría de edad.
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Por eso, la campaña sumó una fase pedagógica. Antes de registrar a cada ciudadano, el personal debe explicarle qué es el Registro de Ciudadanos, qué derechos habilita y cuál es su función dentro del sistema democrático.
La capacidad operativa del tribunal se interrumpió a inicios de año por la falta de aprobación del presupuesto preelectoral de 2026 en el Congreso. Esa demora obligó al pleno a rescindir contratos de empadronadores en todo el país.
La ampliación presupuestaria fue autorizada en febrero, pero la notificación llegó en marzo, una semana antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados. Ese desfase postergó la recontratación del personal hasta junio y julio.
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Jiménez llamó a la ciudadanía a vigilar y acompañar el proceso electoral. “La seguridad y la certeza jurídica no solamente debe ser cuando me conviene, sino la estabilidad de las normas y que se apliquen de una manera objetiva e imparcial, sin cambiar las reglas del juego de forma arbitraria”, afirmó.
El TSE habilitó mecanismos de participación que incluyen voluntariado cívico electoral e integración de juntas receptoras de votos, con una previsión de más de 150.000 voluntarios para custodiar los sufragios el día de las elecciones.
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