El Tribunal Electoral de Guatemala lanza una campaña masiva para sumar a más de dos millones de ciudadanos al padrón

El TSE de Guatemala lanzó una campaña de empadronamiento masivo para incorporar a más de dos millones de ciudadanos mayores de 18 años que todavía no figuran en el padrón electoral antes de su cierre en marzo de 2027, con puestos móviles en universidades, despliegue territorial y trabajo durante los siete días de la semana.

La medida busca reducir un déficit de inscripción que, según confirmó el magistrado Quelvin Jiménez a Infobae Centroamérica, condiciona el alcance del registro de cara a las próximas elecciones.

El tribunal concentra parte de la ofensiva en las universidades, donde los estudiantes de primer ingreso del segundo semestre integran uno de los grupos con mayor rezago. La autoridad electoral instaló centros móviles en esos espacios y abrió diálogos con alumnos de los últimos años del nivel medio y con organizaciones juveniles y de sociedad civil en los departamentos del país.

“Los empadronadores están trabajando los siete días de la semana para poder ir cerrando la brecha”, dijo Jiménez al medio.

Esa tarea se extiende también a comunidades rurales y alejadas, donde el personal debe desplazarse para buscar a ciudadanos a los que la información sobre el proceso no llega con facilidad.

El mayor déficit de registro está en las cabeceras departamentales

El principal obstáculo, según explicó el magistrado, no es la distancia ni la dificultad para llegar a zonas remotas. Los municipios con mayor déficit de inscripción son las cabeceras departamentales, no las comunidades más apartadas.

“No es que cueste llegar, sino que hay quizá una falta de interés de los mayores de 18 años por empadronarse”, afirmó Jiménez.

Por eso, la campaña sumó un componente pedagógico: antes de registrar a una persona, los empadronadores deben explicarle qué es el Registro de Ciudadanos, para qué sirve y qué derechos habilita, entre ellos elegir y ser electo.

Ese esfuerzo de concientización convive con una limitación operativa que afectó al tribunal durante los primeros meses de gestión. La recontratación del personal supernumerario destinado a estas tareas, suspendida por restricciones presupuestarias, recién pudo retomarse entre junio y julio de este año.

El retraso se originó en la falta de aprobación del presupuesto preelectoral de 2026 por parte del Congreso. La ampliación fue autorizada en febrero, pero el tribunal recibió la notificación en marzo, una semana antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados.

Esa secuencia obligó al pleno a rescindir contratos de empadronadores en todo el país para no comprometer el presupuesto ordinario, que ya estaba atado a obligaciones como arrendamientos y salarios del personal permanente.

El resultado fue una interrupción de la capacidad operativa en una etapa que el organismo ahora intenta recuperar con jornadas intensivas.

Ocho de cada diez jóvenes ya autorizan el traslado de datos desde el DPI

En paralelo, el tribunal trabaja con el Registro Nacional de las Personas para facilitar el ingreso de nuevos votantes al padrón. Cuando un joven tramita su Documento Personal de Identificación al cumplir 18 años, el RENAP le pregunta si autoriza que sus datos pasen directamente al Registro de Ciudadanos.

Al comienzo de ese mecanismo, el 80% de los jóvenes rechazaba esa opción. Hoy esa proporción cayó a alrededor del 20%, lo que implica que ocho de cada diez personas que obtienen su DPI ya autorizan su inscripción.

Ese avance no elimina una restricción central del sistema. La Corte de Constitucionalidad estableció que el empadronamiento es un acto voluntario, por lo que el TSE no puede inscribir ciudadanos sin su consentimiento.

La consecuencia es directa: la autoridad electoral debe ampliar su presencia territorial y reforzar la convocatoria pública si quiere achicar el faltante antes de marzo de 2027.

El problema, remarcó el magistrado en la entrevista con Infobae Centroamérica, no está en la confiabilidad del registro existente sino en su cobertura.

“El padrón electoral definitivamente es confiable”, sostuvo. Auditorías de procesos anteriores, según indicó, validaron la solidez del registro y descartaron que ese punto esté bajo discusión.

Al final de la entrevista, Jiménez llamó a la ciudadanía a participar y fiscalizar el proceso electoral. Recordó que Guatemala mantiene un sistema de votación completamente manual, respaldado por más de 150.000 voluntarios que custodian los votos el día de la elección, y señaló que la transparencia depende también de la integración de juntas departamentales, municipales y receptoras de votos por parte de la población. “La seguridad y la certeza jurídica no solamente debe ser cuando me conviene, sino la estabilidad de las normas y que se apliquen de manera objetiva e imparcial”, dijo.