Guatemala formalizó este viernes su salida de la Corte Centroamericana de Justicia al declarar la imposibilidad de cumplir el Estatuto del tribunal regional, una decisión que el gobierno de Bernardo Arévalo vinculó al retiro previo de los demás Estados parte, que dejó al país sin base jurídica para sostener su membresía.
La medida quedó plasmada en el Acuerdo Gubernativo Número 115-2026, firmado el 3 de julio de 2026 por el presidente y publicado este viernes en el Diario de Centroamérica. El acuerdo fija efectos desde el 20 de mayo de 2026, la fecha en que El Salvador notificó la denuncia del Estatuto y completó la salida de los tres países que sostenían el convenio constitutivo de la corte.
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La decisión guatemalteca no se presenta como una denuncia voluntaria del tratado. El acuerdo indica que la República de Guatemala no ejecutó actos propios para terminar el instrumento, sino que la retirada de los otros miembros volvió inviable la continuidad del organismo.
La salida de los otros tres Estados dejó sin sustento jurídico al tribunal
La desarticulación de la CCJ ocurrió de forma escalonada. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó la denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador cerró el proceso el 20 de mayo de ese mismo año.
Con esas salidas, la corte perdió el instrumento jurídico que respaldaba su funcionamiento y también su personalidad jurídica internacional, de acuerdo con lo que había confirmado la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. Ese es el hecho que explica la decisión adoptada ahora por Guatemala: el país sostiene que ya no existían condiciones legales para seguir formando parte del tribunal.
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El acuerdo fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y establece que corresponde a esa cartera realizar las comunicaciones oficiales ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Ese organismo actúa como depositario del Estatuto de la corte.
La notificación ya avanzó por la vía diplomática. Una nota verbal fechada el 13 de julio de 2026 y firmada por la viceministra de Relaciones Exteriores María Luisa Ramírez Coronado fue remitida al secretario general del SICA en San Salvador.
El gobierno invocó la Constitución y la Convención de Viena
El fundamento legal de la decisión se apoya en el artículo 183 literal e) y o) de la Constitución Política de la República de Guatemala. También cita el artículo 61 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que regula la imposibilidad sobreviniente de cumplimiento como causal de extinción de obligaciones internacionales.
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Ese punto es central en la arquitectura jurídica del acuerdo. El gobierno no argumenta una decisión política aislada, sino la desaparición de las condiciones necesarias para que el tratado pudiera seguir produciendo efectos.
Guatemala había firmado el Estatuto de la corte el 12 de diciembre de 1992. La ratificación llegó después, mediante el Decreto número 78-2007, y su entrada en vigor se produjo el 20 de febrero de 2008.
La Corte Centroamericana de Justicia había sido creada en Panamá el 12 de diciembre de 1992 como órgano jurisdiccional del SICA. Su sede estaba en Managua y su mandato consistía en resolver controversias entre los Estados centroamericanos.
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El retiro regional coincidió con la desaparición operativa de la corte
El cuadro institucional ya mostraba señales de descomposición antes de la decisión guatemalteca. Según reportó El Mundo de El Salvador, tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial de la corte dejó de estar operativo.
La publicación salvadoreña también indicó que las cuentas en redes sociales del tribunal permanecían sin actualizaciones desde hacía varios meses. Ese deterioro operativo acompañó el vaciamiento jurídico que ahora Guatemala formalizó por medio del acuerdo gubernativo.
El documento publicado este viernes fija así el cierre de la participación guatemalteca en un organismo regional que durante décadas formó parte del andamiaje institucional del SICA. La declaración de imposibilidad de cumplimiento surte efecto desde 20 de mayo de 2026 y ordena dejar constancia de esa situación ante el sistema de integración centroamericana.
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