Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran el 77,4% del gasto tributario de Guatemala

La SAT de Guatemala propuso revisar el costo y la utilidad de los incentivos fiscales que en 2025 representan Q22 mil 586 millones, un monto equivalente al 2,4% del PIB, para determinar si esos tratamientos preferenciales deben mantenerse, modificarse o eliminarse en un país donde el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que aumentar los ingresos públicos es clave para cerrar brechas sociales y de infraestructura.

La actualización del informe sobre gasto tributario, citada por Prensa Libre, muestra que la mayor parte de ese monto se concentra en dos tributos: el IVA, con Q15 mil 164 millones, y el ISR, con Q6 mil 186 millones. Juntos suman Q21 mil 350 millones, es decir, el 94,5% del gasto tributario total.

El desglose elaborado por la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria indica además que Q15 mil 775 millones correspondieron a impuestos indirectos y Q6 mil 811 millones a impuestos directos. El estudio fue presentado durante el primer semestre del año.

El gasto tributario es el ingreso que el Estado deja de percibir por la aplicación de tratamientos preferenciales previstos en la legislación. Esos mecanismos incluyen exoneraciones, exenciones, franquicias y deducciones especiales contenidas en la Constitución, en leyes ordinarias y en otros instrumentos de política económica.

Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran más de tres cuartas partes del total

Los beneficiarios constitucionales absorbieron Q5 mil 114 millones, equivalentes al 22,7% del total. En ese grupo, el IGSS reportó Q2 mil 476 millones; los centros educativos, Q1 mil 550 millones; las universidades, Q1 mil 68 millones; y el Comité Olímpico Guatemalteco junto con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Q18,2 millones.

Los beneficios respaldados por leyes ordinarias alcanzaron Q17 mil 472 millones, el 77,4% del gasto tributario total de 2025. Entre los cinco principales beneficiarios figuran las personas individuales y las familias, con Q7 mil 360 millones; la intermediación financiera, con Q2 mil 272 millones; las actividades mercantiles, con Q1 mil 633 millones; las instituciones de asistencia social, con Q1 mil 336 millones; y los empleados en relación de dependencia, con Q1 mil 221 millones.

Esos cinco grupos concentraron Q13 mil 822 millones, equivalentes al 79% del monto asociado a los beneficiarios por leyes ordinarias. Según el diario, esa concentración explica buena parte del peso fiscal de las exoneraciones vigentes.

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, citado por Prensa Libre dijo que el gasto tributario de 2025 se mantuvo alrededor del 2,4% del PIB y que, en términos macroeconómicos, no mostró un aumento general. También precisó que algunos tratamientos pudieron variar al alza o a la baja según el comportamiento de las actividades económicas a las que están vinculados.

Ovalle añadió que en 2025 no hubo cambios relevantes en la legislación tributaria que ampliaran los beneficios o incentivos vigentes. A su juicio, esa ausencia de modificaciones ayuda a explicar la estabilidad observada en el nivel agregado del gasto tributario.

La SAT busca medir mejor los incentivos mientras el FMI pide ampliar la base tributaria

La respuesta central que plantea la administración tributaria es abrir más adelante un análisis de costo-beneficio sobre los distintos tratamientos diferenciados. El objetivo, según expuso el jefe de la SAT, es establecer su pertinencia, efectividad, continuidad o eventual supresión.

Mientras ese debate no se abre, la entidad dice que sigue fortaleciendo los mecanismos de control, medición y trazabilidad del gasto tributario. Ovalle lo resumió así: “Actualmente, una parte cada vez más importante del estudio se construye a partir de información contenida en declaraciones aduaneras y tributarias, reduciendo progresivamente la dependencia de estimaciones alternativas. Esta mejora representa un avance sustancial para identificar, cuantificar y controlar con mayor precisión la aplicación de beneficios e incentivos fiscales”.

En junio, durante su visita anual a Guatemala, el FMI señaló que reducir las brechas sociales y de infraestructura requiere elevar los ingresos fiscales. El organismo reconoce avances de la SAT en cumplimiento tributario, digitalización, gestión de devoluciones y modernización aduanera, pero advierte que la recaudación lleva décadas situada cerca del 12% del PIB.

De acuerdo con el organismo, para que los esfuerzos actuales y previstos de la SAT se traduzcan en más recaudación, conviene evitar la eliminación de impuestos o la creación de regímenes especiales que sigan erosionando la base imponible. También recomendó limitar el arbitraje tributario interno y transfronterizo y avanzar hacia una reforma fiscal integral que racionalice el gasto tributario, amplíe la base imponible y eleve tasas hoy ubicadas en niveles muy bajos, sobre todo en el ISR.