El derecho a quedarse y envejecer en el pueblo natal

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, desarrolla una estrategia llamada “Right to Stay” (derecho a quedarse), para que toda persona pueda imaginar su futuro en el pueblo donde nació, sin verse obligada a mudarse porque allí faltan trabajo o servicios esenciales.

La discusión reúne a representantes de las instituciones europeas, líderes regionales y organizaciones civiles. Las medidas que se analizan en Bruselas apuntan a impulsar la competitividad regional mediante inversiones en educación, conectividad y servicios públicos, y prestan especial atención a los jóvenes que dejan su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.

Europa defendió durante décadas la libertad de circular entre países. Ahora pone el acento en la diferencia entre moverse por elección y moverse por necesidad. La nueva estrategia busca que vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida sea posible en cualquier región de la Unión Europea, y que emigrar deje de ser la única salida.

La sociología ofrece un marco para entender de qué se trata. Anthony Giddens describió la modernidad como un proceso de desanclaje: las relaciones sociales se despegan de sus contextos locales y se reorganizan a distancia. En ese mundo, sostuvo, la identidad deja de recibirse como herencia y se convierte en un proyecto reflexivo, una biografía que cada persona debe construir y mantener en pie. El lugar de origen es uno de los materiales de esa biografía: aporta una red de vínculos, una memoria compartida y una forma de reconocerse ante los demás.

Zygmunt Bauman llevó el argumento al terreno de la desigualdad. En su análisis de la globalización, afirmó que la movilidad pasó a ser el principal factor de estratificación social. Distinguió dos figuras metafóricas: el turista, que se mueve porque quiere, y el vagabundo, que se mueve porque no encuentra una alternativa tolerable. Se parece a la distinción entre elección y necesidad que hoy se discute en Bruselas. La desigualdad se expresa en los ingresos y también en el grado de control que cada uno tiene sobre el lugar donde vive.

Manuel Castells, por su parte, aportó la dimensión del poder. La riqueza y las decisiones circulan por lo que denominó “el espacio de los flujos” (redes globales de comunicación e intercambio), mientras la experiencia de la mayoría sigue anclada en “el espacio de los lugares”. Cuando un lugar queda desconectado de esos flujos, conserva su historia, pero pierde capacidad de ofrecer futuro.

Este marco ayuda a entender la crisis de las clases medias europeas, que suele presentarse como un asunto de ingresos: salarios que no alcanzan, ahorros que se licúan, hijos que vivirán peor que sus padres. Pero la clase media es también una identidad, un relato sobre el esfuerzo, el progreso y la continuidad entre generaciones, y ese relato incluía un lugar. Suponía que el trabajo, la casa, una buena escuela y un buen hospital estaban al alcance en el pueblo donde uno había nacido.

Para la democracia, el problema es más profundo de lo que parece. Hace más de medio siglo, Albert Hirschman explicó que, frente al deterioro de una organización, las personas tienen dos respuestas: la salida o la voz. En pocas palabras, irse o reclamar. Cuando la salida es la única opción disponible, la voz se apaga. El que se va deja de reclamar por su lugar, y el que se queda pierde a quienes mejor podían hacerlo: los jóvenes, los más formados, los que tenían más tiempo por delante.

Así se arma un círculo silencioso. Un territorio que pierde población pierde peso electoral, después servicios y después razones para quedarse. La democracia registra con precisión a los que votan en cada lugar, pero sabe mucho menos de los que se fueron y de por qué lo hicieron. No hay encuesta de salida ni urna para la partida. Por eso la Comisión Europea revisará el tema antes de que termine 2026, como parte de su política de cohesión, sabiendo que lo que está en juego es cuánto de común les queda a todas las regiones de la Unión.

Los pueblos que se vacían de jóvenes son los mismos donde los mayores envejecen solos. Para quien tiene setenta años, el derecho a quedarse depende menos del empleo que de una guardia médica que funcione, una farmacia abierta, un transporte que llegue y alguien cerca a quien llamar. Durante generaciones, ese alguien fue la familia. Cuando los hijos se van, se va con ellos una red de cuidado que nunca figuró en ningún presupuesto. Algunos mayores terminan mudándose a la ciudad de los hijos o a una residencia, que es otra forma de irse por necesidad. La soledad no deseada, que varios países ya tratan como asunto de Estado, y la partida de los jóvenes son dos gestos del mismo movimiento.

No se trata de política migratoria ni de romantizar la vida de pueblo. Las identidades no son esencias fijas y también se rehacen en el camino. Irse es un derecho, y muchas veces es la mejor decisión que alguien puede tomar. Lo que una sociedad debería poder garantizar es que sea una decisión, a los veinte años y también a los setenta. Una democracia que piensa en el futuro mira cuántos se fueron y cuántos llegaron, pero sobre todo cuántos pudieron elegir.