El gobierno de Estados Unidos revocó este jueves una de las bases legales más importantes para la regulación de gases de efecto invernadero, en una medida calificada por el presidente Donald Trump como “la mayor acción desregulatoria en la historia estadounidense”. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) oficializó la eliminación de la llamada “constatación de peligro”, un dictamen científico establecido en 2009 que vinculaba las emisiones de dióxido de carbono y otros gases con riesgos para la salud y el bienestar público. Esta determinación, adoptada bajo la presidencia de Barack Obama, había servido de fundamento para diversas reglas sobre control de emisiones en vehículos, plantas energéticas y otras fuentes contaminantes.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la constatación como “el Santo Grial del exceso regulatorio federal”. Zeldin, designado por Trump en 2025, argumentó que gobiernos anteriores “estaban dispuestos a llevar a la bancarrota al país” en nombre de la lucha climática. El propio Trump afirmó que el cambio elimina más de 1,3 billones de dólares en costos regulatorios y ayudará a reducir drásticamente el precio de los automóviles nuevos, al suavizar los requisitos de eficiencia y emisiones impuestos durante la administración de Joe Biden.
La decisión implica la derogación inmediata de los estándares federales de emisiones para vehículos, con el anuncio de una moratoria de dos años a las reglas que limitaban los gases contaminantes en autos y camionetas. El Departamento de Transporte, bajo la dirección de Sean Duffy, también trabaja en la flexibilización de normas sobre eficiencia de combustible, en respuesta a ventas más lentas de vehículos eléctricos y demandas de la industria automotriz para mantener la producción de modelos propulsados por gasolina.
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Diversos grupos ambientalistas y expertos legales anticipan una ola de litigios para frenar la medida. Organizaciones como el Natural Resources Defense Council y el Environmental Defense Fund denunciaron la revocación como “el mayor ataque en la historia de Estados Unidos a la autoridad federal para enfrentar la crisis climática”. Manish Bapna, presidente del NRDC, aseguró que la decisión es “anticientífica, económicamente perjudicial e ilegal”. Además, la medida podría sentar un precedente para desmantelar regulaciones sobre fuentes estacionarias como plantas eléctricas y refinerías, limitando la capacidad de futuras administraciones de imponer controles contra el calentamiento global.
El respaldo científico a la constatación se ha fortalecido con los años, según exfuncionarios de la EPA como Gina McCarthy, que acusó al gobierno de Trump de actuar “al servicio de la industria de combustibles fósiles” y de ignorar pruebas sobre los daños crecientes del cambio climático. Más de 1.000 científicos firmaron una carta en la que advirtieron que la evidencia sobre los efectos adversos de la actividad humana en el clima es “cada vez más alarmante y convincente”.
El contexto legal incluye un fallo de la Suprema Corte en 2007 que reconoció a los gases de efecto invernadero como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio, criterio que ha sido ratificado en tribunales federales, incluida una sentencia en 2023. No obstante, la administración Trump sostiene que estos gases no deben considerarse contaminantes tradicionales, ya que sus impactos en la salud serían globales e indirectos.
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En paralelo, la Casa Blanca anunció el retiro de Estados Unidos de organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, acentuando el giro hacia políticas favorables a la industria del petróleo y el carbón. Desde 2025, el país ha revertido múltiples normas ambientales y se ha apartado del Acuerdo de París.
La revocación del “endangerment finding” ocurre en un año marcado por fenómenos extremos: 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado y los efectos del cambio climático se manifiestan en forma de inundaciones, olas de calor e incendios forestales en todo el mundo. Mientras tanto, la inversión en tecnologías bajas en carbono en los países desarrollados permanece estancada, dificultando la reducción de emisiones a nivel global.
(Con información de AFP, Bloomberg y AP)