(Desde Washington, Estados Unidos) El Departamento de Estado diseña un plan para enfrentar a las bandas criminales que controlan a Haití. Esta iniciativa geopolítica tiene dos capítulos básicos: la represión letal a las organizaciones delictivas y un minucioso trabajo diplomático para encaminar la transición democrática.
La administración republicana ya tomó contacto con Albert Randim, próximo secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Randim se mostró abierto a la propuesta del Departamento de Estado.
La predisposición del futuro secretario General se apoya en razones políticas e históricas.
Randim sabe que se avecina un recorte de los aportes económicos de Estados Unidos a la OEA, y si finalmente se suma a la iniciativa diplomática de Donald Trump, podría aplacar la poda presupuestaria que se cocina en el Departamento de Estado.
El secretario General electo tiene un antecedente histórico para convencer a los socios más reluctantes del foro regional: en 1965, por pedido del presidente Lyndon B. Johnson, la OEA envió una dotación de Fuerzas Interamericanas de Paz a República Dominicana.
Brasil, Colombia, Chile y México podrían alegar que esa misión de paz respondió a la lógica de la Guerra Fría en América Latina, pero lo cierto es que funciona como antecedente y en esta oportunidad sería para reprimir a las bandas criminales y fortalecer a la instituciones en Haití.
La decisión de Estados Unidos de promover una alianza diplomática con la OEA se inicia en el fracaso de la última misión que Naciones Unidas coordinó en Haití. Ese movimiento multilateral -ejecutado por policías keniatas- fue impotente ante las bandas criminales haitianas.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) ha contado más de 1.600 muertos y 580 heridos por la violencia de las pandillas en Haití, durante el primer trimestre de 2025.
“Esta es una de las crisis más complejas y urgentes del mundo, con implicaciones para la estabilidad regional y global”, afirmó Amy Pope, Directora General de la Organización Internacional para las Migraciones, que depende de Naciones Unidas.
Pope está en lo cierto. Viajó hace pocos días a Haití, y se encontró con un panorama desolador. Pero Estados Unidos cree que la responsabilidad multilateral debe estar sólo en manos de la OEA, ya que se enfoca únicamente en la agenda regional.
Mientras aguarda que Randim ocupe formalmente su cargo en la OEA, el Departamento de Estado ya empezó su ofensiva contra las bandas criminales que controlan el 85 por ciento del territorio de Haití.
Hace dos días, Marco Rubio -secretario de Estado- anunció la designación de Viv Ansanm y Gran Grif como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales, tras años de impunidad y violencia sistemática.
“Viv Ansanm es un grupo formado en septiembre de 2023 como una coalición de bandas mediante una alianza entre las dos principales facciones pandilleras que operan en Puerto Príncipe, G-9 y G-Pép. Estos grupos proporcionan una plataforma unificada para que los grupos criminales utilicen la violencia para desestabilizar Haití y reprimir las acciones destinadas a restaurar el control del Estado", sostuvo un comunicado del Departamento de Estado.
Y añadió: “Gran Grif es la pandilla más grande del departamento de Artibonite, en Haití, región que alberga gran parte de los arrozales del país. Desde 2022, Gran Grif ha sido responsable del 80% de las muertes de civiles reportadas en Artibonite. Gran Grif ha atacado a la Policía Nacional de Haití y a la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) autorizada por la ONU, incluyendo el ataque de febrero de 2025 que mató a un oficial keniano de la misión MSS".
El plan de la administración republicana excluye a tropas de Estados Unidos en Haití y propondrá a ciertos países de la región que sumen a sus efectivos militares o de seguridad. En una lista corta aparecen Argentina, Canadá y Colombia.
La intención del Departamento de Estado es que la eventual misión de la OEA en Haití desembarque antes que concluya 2025. Octubre de este año será un punto de inflexión: ese mes, vence la propia misión de la ONU, que debería cancelar una nueva prórroga anual a sus funciones, para facilitar los movimientos protocolares y diplomáticos de la OEA rumbo a Puerto Príncipe.
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