La Oficina de Administración de Personal de la Casa Blanca (OPM, por sus siglas en inglés), ofreció este martes compensaciones económicas a los empleados federales que no deseen regresar a la oficina tras la eliminación de las políticas de teletrabajo implementadas durante la pandemia, siempre que presenten su renuncia antes del 6 de febrero.
En un correo electrónico enviado por la OPM se ofreció a los empleados la posibilidad de dimitir con disfrute de sueldo hasta el 30 de septiembre. La comunicación también destacó el interés del gobierno en contar con una “fuerza laboral más ágil y flexible”.
“En este momento, no podemos darle plena seguridad sobre la certeza de su puesto o agencia, pero si su puesto es eliminado, será tratado con dignidad y se le brindarán las protecciones establecidas para tales puestos”, se lee en el correo electrónico.
El anuncio de las indemnizaciones se produjo en medio de crecientes dudas entre los empleados federales debido a la implementación de un “nuevo sistema de distribución” de la OPM, que en los días previos envió correos de prueba desde una dirección genérica de “RRHH”, lo que generó preocupación sobre posibles reestructuraciones o despidos.
Los empleados que renuncien deberán “ser reasignados o eliminados rápidamente de sus funciones” y colocados en licencia administrativa paga hasta finales de septiembre. No obstante, el documento deja margen para que los directores de cada agencia exijan a los empleados que continúen trabajando por un tiempo determinado antes de su salida definitiva.
Un portavoz del gobierno, citado por Bloomberg, señaló que “si bien algunas agencias y ramas del Ejército podrían aumentar su personal, la mayoría de las agencias federales experimentarán reducciones mediante reestructuraciones, realineamientos y despidos”.
En una de sus primeras órdenes ejecutivas tras asumir la presidencia, Trump ordenó el regreso presencial de los empleados gubernamentales, revocando las disposiciones de trabajo remoto implementadas bajo la administración de Joe Biden.
La directiva exige que todos los funcionarios federales trabajen al menos cuatro días a la semana en la oficina, salvo aquellos con una justificación aprobada por su agencia, como discapacidades, condiciones médicas o razones específicas documentadas.
Según datos de la Oficina de Administración y Presupuesto, aproximadamente el 10 % de la plantilla federal trabaja de manera remota de forma permanente. Este grupo incluye personas con adaptaciones por discapacidad, cónyuges de militares y empleados en funciones móviles.
Un alto funcionario del gobierno dijo a NBC News que se espera que entre un 5 % y un 10 % de los empleados federales presenten su renuncia, lo que, según cálculos oficiales, podría generar un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de dólares.
Los trabajadores que acepten la oferta de renuncia recibirán un paquete de indemnización equivalente a ocho meses de salario y beneficios. La medida aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, con excepción del personal militar, los trabajadores del Servicio Postal y quienes laboran en inmigración o seguridad nacional.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el sindicato más grande de trabajadores federales, advirtió sobre el impacto de estas renuncias en la prestación de servicios públicos.
“La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora hay más estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales”, señaló Everett Kelley, presidente nacional de AFGE, en un comunicado.
“Eliminar empleados públicos de carrera tendrá consecuencias enormes e imprevistas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal que funcione”, agregó.
Además del regreso obligatorio al trabajo presencial, Trump firmó órdenes ejecutivas para congelar la contratación de nuevos empleados federales y desmantelar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión promovidas durante el mandato de Biden.
(Con información de Associated Press y EFE)