Atentado contra las Torre Gemelas: podrían reactivar los acuerdos que les permiten a los acusados evitar la pena de muerte

Un juez militar ha dictaminado que los acuerdos de culpabilidad alcanzados por el presunto cerebro del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, y dos coacusados son válidos, anulando la orden del Secretario de Defensa, Lloyd Austin, de desestimarlos, según informó el miércoles un funcionario del gobierno.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la orden del juez, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, aún no se ha hecho pública ni se ha anunciado oficialmente.

A menos que los fiscales del gobierno u otros intenten impugnar de nuevo los acuerdos, la decisión de McCall significa que los tres acusados del 11-S podrían declararse culpables en breve en la sala del tribunal militar estadounidense de Guantánamo (Cuba), lo que supondría un paso dramático hacia la conclusión de la larga y legalmente problemática acusación del gobierno en el atentado más mortífero contra Estados Unidos.

Los acuerdos de declaración de culpabilidad evitarían a Mohammed y a dos coacusados, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, el riesgo de la pena de muerte a cambio de aceptar su responsabilidad.

Los fiscales habían negociado los acuerdos con los abogados defensores bajo los auspicios del gobierno, y el máximo responsable de la comisión militar de la base naval de Guantánamo había aprobado los acuerdos.

Los acuerdos de culpabilidad en los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas, provocaron la inmediata reacción política de los legisladores republicanos y de otros partidos tras hacerse públicos este verano.

A los pocos días, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, emitió una breve orden diciendo que las anulaba. Los acuerdos de culpabilidad en posibles casos de pena de muerte relacionados con uno de los crímenes más graves jamás perpetrados en suelo estadounidense eran un paso trascendental que sólo debía decidir el secretario de Defensa, dijo Austin en aquel momento.

Los acuerdos, y el intento de Austin de anularlos, han dado lugar a uno de los episodios más tensos de una acusación estadounidense marcada por los retrasos y las dificultades legales. Esto incluye años de audiencias previas al juicio para determinar la admisibilidad de las declaraciones de los acusados, dados sus años de tortura bajo custodia de la CIA.

El Pentágono está estudiando la decisión del juez y no tiene más comentarios que hacer, dijo el general de división Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.

The New York Times informó primero de la sentencia.

Los funcionarios militares aún no han publicado la decisión del juez en el sitio web de la comisión militar de Guantánamo. Sin embargo, un blog jurídico que ha cubierto durante mucho tiempo los procesamientos desde la sala de Guantánamo dijo que el fallo de 29 páginas de McCall concluye que Austin carecía de autoridad legal para desestimar los acuerdos de culpabilidad.

Según el blog Lawdragon, el fallo también califica de “fatal” el momento en que Austin tomó la decisión, ya que se produjo después de que el máximo responsable de Guantánamo ya hubiera aprobado los acuerdos.

Cumplir la orden de Austin otorgaría a los secretarios de Defensa “poder de veto absoluto” sobre cualquier acto con el que no estuvieran de acuerdo, lo que sería contrario a la independencia del funcionario que preside los juicios de Guantánamo, según cita el blog jurídico a McCall en la sentencia.

Aunque las familias de algunas de las víctimas y otras personas insisten en que los procesos del 11-S continúen hasta el juicio y las posibles condenas a muerte, los expertos jurídicos afirman que no está claro que eso pueda llegar a ocurrir. Si los casos del 11-S superan alguna vez los obstáculos del juicio, los veredictos y las sentencias, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia probablemente estudiaría muchas de las cuestiones en el curso de cualquier apelación de la pena de muerte.

Se trata de la destrucción por parte de la CIA de los vídeos de los interrogatorios, de si la anulación del acuerdo de culpabilidad de Austin constituyó una interferencia ilegal y de si la tortura de los hombres empañó los interrogatorios posteriores realizados por “equipos limpios” de agentes del FBI que no recurrieron a la violencia.

(Con información de AP)