El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido llega acompañado de una de las cuestiones que más preocupa al hijo de Carlos III: la seguridad de su familia. Tras años de batallas legales en las que reclamaba un despliegue organizado en cada una de sus visitas, su mudanza vuelve a poner sobre la mesa el problema. Y, lo que más preocupa a la sociedad británica: quién debe asumir el coste de esa protección.
Una encuesta publicada por Daily Mail refleja un rechazo mayoritario de la sociedad británica a que sean los contribuyentes quienes sufraguen esa factura. Según el sondeo, realizado entre 2.128 adultos británicos, el 71% considera que la seguridad de Harry y su familia no debería ser financiada con dinero público. El dato pone de manifiesto la escasa disposición de los ciudadanos a asumir los gastos derivados de la protección de una pareja que, desde hace años, ya no forma parte de la primera línea de la familia real británica y abandonó sus deberes oficiales como miembros.
La cuestión adquiere especial relevancia después de que se haya conocido que los Sussex planean regresar al Reino Unido tras seis años establecidos en Estados Unidos. Sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, comenzarán previsiblemente el próximo curso en colegios británicos, lo que obligará a la familia a pasar más tiempo en el país.
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Los británicos señalan a la fortuna de la realeza
La encuesta apunta además a una alternativa clara cuando se pregunta a los ciudadanos quién debería hacerse cargo de los gastos. El 87% de los participantes considera que los propios Harry y Meghan deberían utilizar sus recursos privados para pagar la totalidad o, al menos, la mayor parte de su protección.
El porcentaje refleja una opinión ampliamente extendida: si los duques desean disponer de un dispositivo de seguridad específico durante sus estancias en Reino Unido, deberían ser ellos quienes asumieran buena parte de la factura.
El dinero privado del rey Carlos III aparece como segunda opción. El 52% de los encuestados cree que los fondos personales del monarca podrían cubrir total o parcialmente los costes de protección de su hijo y de su familia.
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La cuestión no es menor. Algunas estimaciones sitúan el precio de un dispositivo de seguridad para los Sussex en torno a cinco millones de libras anuales, una cantidad que explica la sensibilidad del debate y el rechazo a que el coste recaiga directamente sobre las arcas públicas.
Una disputa que viene de lejos
La polémica sobre la seguridad de Harry no es nueva. Desde que abandonó sus responsabilidades como miembro de alto rango de la familia real, el duque ha mantenido una disputa con las autoridades británicas acerca del nivel de protección que debe recibir cuando se encuentra en el país.
El conflicto llegó incluso a los tribunales después de que Harry cuestionara la decisión de las autoridades de no garantizarle automáticamente el mismo dispositivo policial que tenía cuando ejercía funciones oficiales.
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En este contexto se sitúa también la revisión llevada a cabo por la RAVEC, el organismo encargado de evaluar los riesgos relacionados con miembros de la familia real y otras personalidades de relevancia. Las discusiones sobre quién debe asumir el coste de la protección han continuado mientras se analizaban las necesidades de seguridad de los Sussex.
La situación resulta especialmente compleja porque otros miembros de la familia que tampoco desempeñan funciones oficiales, como Peter Phillips, Zara Tindall y las princesas Beatriz y Eugenia, no cuentan con protección policial permanente financiada por el Estado.
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