Carles Puigdemont está desde este jueves un poco más cerca de volver a España, pero todavía tiene unos cuantos escollos por resolver. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la ley de amnistía española al dictaminar, en dos sentencias vinculantes de su Gran Sala, que la norma no contradice el derecho comunitario ni en materia de finanzas europeas ni en materia de terrorismo. El fallo despeja el principal obstáculo europeo para la plena aplicación de la ley, pero Carles Puigdemont sigue sin poder pisar España: la orden nacional de detención que pesa sobre el líder de Junts está en vigor hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso que él mismo presentó contra el Tribunal Supremo.
Y es que el fallo europeo no toca el nudo que mantiene a Puigdemont en el exilio desde 2017. El Tribunal Supremo se negó a aplicarle la amnistía por el delito de malversación al sostener que los líderes del procés obtuvieron un beneficio económico personal al financiar el referéndum del 1-O con dinero público, en lugar de costearlo de sus propios bolsillos. Esa interpretación es una cuestión de derecho interno que escapa al ámbito de las cuestiones prejudiciales resueltas por el TJUE.
Puigdemont presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esa decisión del Supremo, y el TC ha paralizado su resolución a la espera del fallo europeo conocido este jueves. Con ese elemento ya sobre la mesa, el TC deberá pronunciarse, según aseguraron fuentes jurídicas a La Vanguardia, en otoño, probablemente entre septiembre y octubre. Si el TC estima el recurso, obligará al Supremo a rectificar su interpretación sobre la malversación. Sería el tercer revés del tribunal de garantías a la Sala Segunda del Supremo en los últimos años, tras la anulación de la inhabilitación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez y las sentencias sobre los ERE de Andalucía.
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Y aun cuando el TC resuelva a favor de Puigdemont (si es que lo hace), será la Sala de lo Penal del Supremo —con el juez Pablo Llarena como instructor— quien tenga que aplicar esa decisión. Ese trámite abre la posibilidad de que el tribunal intente nuevos movimientos para bloquear o dilatar la aplicación de la amnistía al expresident.
Qué ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Las dos sentencias emitidas desde Luxemburgo responden a cuestiones prejudiciales planteadas por dos órganos judiciales españoles. La primera, elevada por el Tribunal de Cuentas, preguntaba si amnistiar la responsabilidad contable derivada del uso de fondos públicos para financiar el procés ponía en riesgo las finanzas de la Unión Europea (UE). La segunda, remitida por la Audiencia Nacional, cuestionaba si el perdón de los delitos de terrorismo atribuidos a los Comités de Defensa de la República (CDR) era compatible con la directiva europea antiterrorismo. El TJUE respondió que no en ambos casos.
La consecuencia más inmediata es el archivo del proceso contable por el que el Tribunal de Cuentas reclamaba 3,1 millones de euros a una treintena de ex altos cargos, entre ellos Puigdemont y el expresidente Artur Mas, y el sobreseimiento de la causa abierta por terrorismo contra varios miembros de los CDR.
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El Gobierno pide aplicación inmediata
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, celebró el fallo desde Moncloa en una declaración institucional sin preguntas. “Hoy es un gran día”, dijo, y calificó la norma de “logro colectivo” pese al rechazo que generó en amplios sectores de la sociedad. Bolaños señaló que la sentencia deja “despejado el horizonte” para la “plena aplicación” de la ley, que ya ha surtido efectos sobre casi 400 personas, entre activistas, manifestantes y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
“Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible”, afirmó el ministro.
Las reacciones de los partidos
ERC y Junts celebraron la sentencia y reclamaron la aplicación íntegra de la ley. Puigdemont hizo una publicación en redes en la que calificó el fallo de “victoria rotunda” del independentismo catalán y afirmó que quienes sigan negando la amnistía “no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo”. El expresident agradeció expresamente al abogado Gonzalo Boye su papel en la estrategia jurídica europea.
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El Partido Popular adoptó una postura diferente. Su secretario general, Miguel Tellado, expresó el “respeto absoluto” de su partido por la resolución del TJUE, pero insistió en que el debate “nunca fue solo jurídico” y que “ningún presidente debe cambiar poder por impunidad”, en referencia al acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts que impulsó la ley.