Escuelas Católicas de Madrid, que representa a 340 centros educativos de la Comunidad de Madrid donde estudian 223.000 alumnos, presumen de haber tumbado la tasa de basuras implantada por el Gobierno local de José Luis Martínez-Almeida. En un comunicado, esta organización recuerda que su recurso fue admitido en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que este lunes ha anulado este impuesto argumentando que durante el trámite de información pública, el Ayuntamiento omitió una parte esencial del informe técnico-económico que la justificaba. En concreto, la documentación relativa a la generación de residuos por actividades económicas. El tribunal considera que esos anexos eran “imprescindibles” para que ciudadanos y empresas pudieran formular alegaciones con conocimiento de causa, lo que justifica la nulidad de pleno derecho de la ordenanza.
“Los colegios llegaron a pagar hasta 30.000 euros por la tasa de basuras. Unas cantidades desproporcionadas, confiscatorias y gravemente injustas, que han afectado la sostenibilidad de estas escuelas sociales y sin ánimo de lucro que vienen arrastrando, además, una histórica infrafinanciación en la partida de otros gastos”, explican desde Escuelas Católicas. Según la sentencia, los trámites de información pública y alegaciones “no son un mero requisito formal, sino una garantía sustancial del procedimiento de elaboración de disposiciones generales”. Sin esa información, el ciudadano o las instituciones como los colegios no podían conocer a fondo cómo se asignaban las cantidades de basura y, en consecuencia, reaccionar contra ellas.
La ‘Ley 7/2022′ obligó a los Ayuntamientos a implantar una tasa “específica, diferenciada y no deficitaria” para financiar el coste real del tratamiento de residuos en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Madrid agotó prácticamente el calendario legal antes de activarla: aprobó el proyecto inicial en octubre de 2024 y dio luz verde definitiva el 23 de diciembre, con publicación en el boletín el 27 de diciembre. Madrid cifró la tasa en 141 euros de media por vivienda y 310 por local comercial, con cerca de 1,7 millones de inmuebles afectados. En total, preveía 256 millones de euros netos adicionales de recaudación. Al mismo tiempo, Cibeles presentó una nueva bajada del IBI como contrapeso político y fiscal.
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La tasa de basuras entró en vigor el 1 de enero de 2025 y los recibos comenzaron a llegar a partir de septiembre, convirtiéndose en uno de los grandes frentes políticos del mandato de Almeida. Más de 130.000 contribuyentes han presentado reclamaciones contra la tasa, según los datos del Ayuntamiento, en una oleada de recursos promovida por partidos, asociaciones y plataformas vecinales. Desde el Área de Hacienda explican que los servicios jurídicos están analizando la sentencia y sus efectos, y están valorando la posibilidad de presentar un recurso de casación.
¿Y la ordenanza de 2026?
La ordenanza de 2026 está aprobada y Más Madrid la ha recurrido. El alcalde Almeida tuvo que corregir la ordenanza de 2025 un mes y medio después de ponerla en marcha a raíz de las quejas de los vecinos y las críticas de la oposición para que se tuviera en cuenta el número de empadronados por vivienda. Como ocurrió con la tasa de 2025, los ciudadanos pueden recurrir el pago de este año, en un plazo de 30 días tras haber recibido la noticiación municipal. Habrá que ver ahora si la ordenanza de 2026 incurre en el mismo defecto. De hacerlo, también quedaría anulada.