En pleno siglo XXI, donde prácticamente todos los servicios están digitalizados y se usa el teléfono móvil y las tarjetas para cualquier operación, el Gobierno central ha tenido que invertir 665.161 euros para que una empresa le suministre miles de talonarios en papel para que los funcionarios acogidos al sistema de Muface puedan seguir teniendo sus recetas médicas. Pasan los años y se licitan los mismos contratos. El último, adjudicado el pasado 6 de marzo para renovar otro de 2024 que termina en junio. El ganador ha sido la misma compañía: Formularios Europeos SA (FESA).
Llama la atención, además, que el licitador sea el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Una transformación digital que, de momento, no ha llegado para establecer el sistema de control médico de los mutualistas de Muface. “El talonario de recetas es un documento oficial, personal e intransferible, y está destinado al uso del titular y sus beneficiarios”, explican desde Muface. Los mutualistas que eligen la sanidad pública, el talonario en papel solo puede utilizarse para prescripción de vacunas, fórmulas magistrales o cuando se viaja fuera de la propia comunidad autónoma. En el caso de los mutualistas que han elegido la entidad concertada para la asistencia sanitaria (Adeslas y Asisa), los talonarios se usan para recetas y la prestación de asistencia sanitaria.
El contrato que se acaba de adjudicar tendrá la vigencia de un año: de junio de 2026 a junio de 2027. El objetivo es confeccionar “un mínimo de 15 series y un máximo de 27 series de recetas anuales. Cada serie constará de un millón de recetas, distribuidas a razón de 40.000 talonarios, compuesto cada uno de ellos de cubiertas, una hoja recibo, 25 juegos de original (receta) y copia (información al paciente) numeradas correlativamente”, según el pliego de condiciones del contrato. Aunque en la actualidad solo se fabrica un tipo de talonario, el adjudicatario tiene potestad para fabricar otros cuatro tipos más que solo se diferenciarán en el idioma del texto: español-catalán, español-gallego, español-valenciano y español-vasco.
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¿Por qué el contrato solo es de un año? Porque el objetivo de Muface es que las recetas de papel sigan conviviendo con la nueva receta electrónica (bautizado SIREM) que intenta consolidar desde el año 2017, en un sistema mixto donde el perfil del mutualista sigue siendo el de un usuario muy envejecido. La mejor prueba es que en 2017 se tramitaron 1.148.490 talones, cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. En 2024, por ejemplo, se emitieron 1.033.110 talones. El coste de una serie de 40.000 talonarios está estimado en 20.000 euros (precio máximo)
Faltan cuatro comunidades
En mayo de 2020 se puso en marcha en Cantabria el sistema de receta electrónica de Muface. No fue hasta dos años después, en 2022, cuando llegó a dos comunidades más: Asturias y Canarias. En 2023, comenzó su funcionamiento Extremadura y La Rioja. Ya en 2024 se ha implantado en Navarra, Murcia y Baleares, Ceuta y Melilla. En 2025 ha sido el turno de Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y País Vasco en 2025. Esta herramienta que permite retirar medicamentos sin necesidad de presentar un talonario en papel tiene ahora otros cuatro objetivos: Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña. A todas ellas llegará previsiblemente durante el primer trimestre de 2026, aunque durante un tiempo tendrá que convivir con la receta en papel.
El sistema sigue siendo el mismo. Los mutualistas deben solicitar los talonarios, esperar a recibirlos por correo postal y entregarlos en persona en la consulta médica para obtener una receta válida, que luego deben llevar físicamente a la farmacia. Todo este proceso contrasta con la receta electrónica del sistema público, que permite prescripción y dispensación digital sin papeleo ni desplazamientos innecesarios. El sistema de Muface no solo implica más trámites y más tiempo para el paciente, sino que genera un coste administrativo elevado.
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En enero de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que modificar la licitación del nuevo servicio de atención médica y elevar la prima acumulada hasta el 41,2%, con un importe total del concierto de 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones más que el convenio anterior. La decisión llegó tras meses de tensión con las compañías aseguradoras y con el argumento de evitar que el proceso quedara desierto. A pesar de esta inyección económica, los funcionarios que eligen la opción pública han pasado de 167.953 en 2010 a 436.593 en 2025, un aumento del 160%. Ya supone el 37,5% del total de mutualistas (1.169.111).