El juez de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha decidido prorrogar seis meses la instrucción, sin descartar la posibilidad de “nuevas imputaciones”, según una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press. Con ello, Moreno amplía el plazo para llevar a cabo las investigaciones procedentes debido a la cantidad de documentación a su alcance.
La investigación a la que se refiere el juez Ismael Moreno se centra en analizar el “numeroso material incautado”, que incluye documentación, efectos, metálico y pruebas digitales extraídas de teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento. El avance en la revisión de estos elementos será clave, según el juez, para determinar la realización de nuevas diligencias e imputaciones en el proceso.
Los pagos del PSOE en efectivo seguirán bajo secreto hasta marzo
Paralelamente a la ampliación del plazo para indagar en el ‘caso Koldo’, la semana pasada el magistrado prorrogó hasta marzo el secreto sobre la pieza separada donde figura la información entregada por el PSOE referente a pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 para gastos anticipados. Esta acción llega después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, solicitase al Ejecutivo en el día de hoy la desclasificación de la información relativa al ‘caso Koldo’, mientras desacreditaba la vinculada al golpe de Estado del 23-F.
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El origen de la causa reside en la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. A la trama que apunta a la compra irregular de mascarillas se suma que, a comienzo de febrero, el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional la parte relativa a presuntos amaños de obra pública tras la renuncia como diputado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien permanece en prisión provisional desde noviembre junto a su exasesor, Koldo García.
Radiografía de un caso con dos años entrando y saliendo de los juzgados
El Tribunal Supremo celebró una audiencia preliminar en el caso conocido como ‘caso mascarillas’, con la presencia del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva. No obstante, este caso ya suma dos años entrando y saliendo de los juzgados, desde finales de febrero de 2024. La sesión se centró en cuestiones técnicas previas al juicio, especialmente sobre si el Supremo sigue siendo competente tras la renuncia de Ábalos a su escaño y la pérdida de su aforamiento, o si el caso debe pasar a la Audiencia Nacional.
La Fiscalía solicitó 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones particulares pidieron hasta 30 años. Para el empresario Víctor de Aldama, se pidieron siete años de prisión, considerando atenuantes por colaboración.
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No obstante, las defensas argumentaron que el caso debe remitirse a la Audiencia Nacional al perderse el aforamiento, mientras que la Fiscalía defendió la competencia del Supremo, basada en un acuerdo de 2014 que fija como referencia el auto de apertura de juicio oral. El fiscal jefe Anticorrupción advirtió entonces que cambiar el órgano judicial tras conocer la acusación supondría demoras y retrotraer actuaciones.
Durante la audiencia, se rechazaron recusaciones a varios magistrados por ser extemporáneas y se negaron pruebas solicitadas por la defensa, como un careo entre García y Aldama o la prueba del polígrafo. Se desmintió la existencia de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y Aldama. También se rechazó la personación de Santos Cerdán en la causa. El tribunal tiene diez días hábiles para resolver estos asuntos previos y, de mantener la competencia, el juicio se celebraría posiblemente tras la Semana Santa.