Desde hace casi un año, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila mantiene abiertas unas diligencias por un presunto delito de cohecho que salpica a varios funcionarios del centro penitenciario de mujeres de Brieva, donde se encuentra recluida Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018.
Según ha revelado el diario El País, la investigación apunta a que varios empleados públicos habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de entregarle un teléfono móvil, aparato que la interna habría utilizado para grabar parte de esos encuentros con el objetivo de chantajear a la dirección del centro penitenciario y presionar para ser trasladada a otro destino.
Las pesquisas se apoyan en declaraciones tomadas por la Guardia Civil a diferentes testigos. Un educador de la prisión, tres internas y la actual pareja de Quezada —una mujer con la que mantiene una relación sentimental— coinciden en señalar que la reclusa habría tenido encuentros sexuales con varios trabajadores del centro, entre ellos al menos un funcionario y un cocinero.
Un informe elaborado por la directora del centro penitenciario de Brieva, Laura Pérez, y recogido por El País, da cuenta de que la propia Quezada llegó a manifestar que poseía un teléfono móvil con grabaciones de vídeo comprometedoras. En una de ellas, según detalló, aparecía un funcionario en su celda. El dispositivo, conforme a la versión ofrecida por la interna, le habría sido entregado por el mismo funcionario, quien se encuentra actualmente investigado en la causa judicial y fue detenido el 4 de septiembre de 2024 como presunto autor de un delito de abuso de función pública.
Víctima de una violación
En el mismo documento se hace constar que Quezada afirmó ante un educador penitenciario haber sido víctima de una violación. Aseguró que había mantenido relaciones sexuales con el funcionario en un contexto marcado por la jerarquía y el poder que este ejercía sobre ella, lo que, a su juicio, anulaba su capacidad de consentimiento. Esa acusación, sin embargo, no ha dado lugar a una imputación específica por agresión sexual.
Los testimonios recabados durante la investigación señalan, además, que la interna llegó a amenazar con “hundir el centro y a su dirección” si se intentaban localizar las grabaciones. Según fuentes citadas por el mismo medio, el funcionario investigado la habría alertado en varias ocasiones sobre registros inminentes para que pudiera ocultar el móvil, e incluso se habría llegado a esconder el terminal en el domicilio particular del trabajador.
La denuncia de la madre de Gabriel
El origen de la investigación judicial se sitúa en la denuncia pública presentada por Patricia Ramírez, madre del niño asesinado, en una rueda de prensa ofrecida en Almería el 11 de mayo de 2024. En esa comparecencia, Ramírez aseguró tener conocimiento de que Ana Julia Quezada disponía de un móvil dentro de la prisión, que habría usado para conceder entrevistas y contactar con una productora interesada en realizar un documental sobre su vida y el crimen de su hijo.
La madre de Gabriel, que lleva años denunciando la exposición mediática de las víctimas de delitos especialmente graves, relató que ya había trasladado esta preocupación al Ministerio del Interior en diciembre de 2023, durante una reunión con el secretario de Estado de Seguridad y el responsable de Instituciones Penitenciarias. Al no recibir respuesta, llevó su denuncia al Senado el 11 de junio, donde alertó sobre una posible revictimización si se producía la emisión del citado documental.
Su denuncia formal dio pie a la apertura de diligencias por parte del juzgado de Ávila. No obstante, ni ella ni Quezada han sido admitidas como acusación particular, al no ser consideradas “ofendidas o perjudicadas” en el marco de la investigación por cohecho.
En cuanto a cómo llegó el teléfono móvil a manos de la reclusa, la pareja de Quezada declaró que el 1 de octubre de 2023, un cocinero del centro penitenciario le pidió que le entregara un móvil en un aparcamiento. Después, con la supuesta ayuda del funcionario ahora investigado, el dispositivo habría sido introducido en la celda. Tras las denuncias públicas y la orden del Ministerio del Interior para registrar el módulo donde se encontraba la interna, el teléfono fue presuntamente retirado del centro. La pareja declaró que el aparato le fue devuelto en un vis a vis y que lo sacó de la prisión antes de la inspección oficial, que resultó infructuosa.
El juzgado ha ordenado la ampliación de diligencias para estudiar la posible apertura de expedientes disciplinarios tanto a Ana Julia Quezada como al cocinero, aunque ninguno de ellos está formalmente imputado por el momento. Mientras tanto, la prisión de Brieva, con alrededor de 70 internas, sigue siendo el centro en el que Quezada cumple condena, aunque ha solicitado su traslado a Barcelona, petición que podría estar relacionada con los presuntos chantajes denunciados. La investigación judicial continúa abierta.