La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el hotel ilegal de la playa del Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.
En concreto, el Gobierno aprobará una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección necesarios para garantizar la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras. Según ha indicado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta medida se adopta en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En declaraciones a los periodistas en la propia playa del polémico hotel, Montero ha señalado que con esta medida el Ejecutivo pretende “poner fin al mayor atentado medioambiental” en este paraje natural y avanzar en la “inmediata restauración ambiental” de la zona.
La vicepresidenta primera ha destacado que la voluntad del Gobierno es poner fin a un “símbolo de la depredación inmobiliaria, ya que es una edificación que no respeta el espacio natural, daña el litoral y, además, vulnera la Ley de Costas”. Se trata, ha afirmado, de un “problema que lleva enquistado más de 20 años a pesar de las distintas resoluciones judiciales que rechazan la edificación en esos terrenos”.
Llamamiento de colaboración a la Junta de Andalucía
Montero ha señalado que “solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata, donde se ubica el hotel, se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre esa parte donde el Gobierno puede actuar”. El resto del terreno, defiende la ministra de Hacienda, “queda fuera de este límite y la competencia sobre él corresponde a la comunidad autónoma”.
Por ese motivo, ha instado a la Junta a “actuar y a trabajar conjuntamente” para que la administración autonómica realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición del hotel en su totalidad, “poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz”.
Una medida de colaboración, aseguran desde la Junta, “acorde a la legalidad que permitirá recuperar tras dos décadas un espacio natural en beneficio de todos los andaluces”. Para llevar a cabo esa cooperación entre administraciones, Montero ha avanzado que se convocará la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que están representadas la Administración Central y la Junta de Andalucía. Esta comisión se creó en 2011 y la vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que es necesario “darle un impulso definitivo para lograr esta solución”.
En cualquier caso, la ministra ha dejado claro que si la Junta de Andalucía no cumple con su parte y no quiere colaborar, el Gobierno buscará alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural. “Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles”, ha apostillado Montero.
*Información elaborada por Europa Press