Varios Juzgados de Instrucción madrileños han emitido un acuerdo en el que piden al Ministerio del Interior poner fin a la situación de hacinamiento que sufren actualmente las salas de inadmitidos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
Son los magistrados Pedro Javier Merchante Somalo, Inmaculada Iglesias Sánchez e Adelaida Medrano Aranguren los que firman este texto (Juzgados de Instrucción números 6, 19 y 20), en el que piden tomar las medidas necesarias de forma urgente para paliar los problemas en estas salas de las Terminal 1 (T1) y Terminal 4 (T4).
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En el aeropuerto madrileño existen cuatro salas de alojamiento. Las dos primeras, ubicadas en la T1, tienen una capacidad de 44 personas (estancia de asilo) y 28 personas (estancia de inadmitidos). En la T4, las capacidades son de 34 y 50 personas respectivamente. No obstante, detalla el acuerdo, en la actualidad hay 166 solicitantes de asilo (17 de ellos menores de edad) y tres inadmitidos en frontera en la T1, además de 75 solicitantes en la T4 (dos de ellos menores de edad). Los magistrados apuntan que muchos de los migrantes están durmiendo en colchones en el suelo “sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos”. “La situación se está viendo agravada por el retraso que se está produciendo en la tramitación de las solicitudes de asilo”, asegura el texto.
El acuerdo de los juristas viene motivado por un escrito enviado por la letrada María Elena Muñoz Martínez, Coordinadora Estatal del Servicio Jurídico CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y del Colegio de Abogacía de Barcelona nº32885. El documento exponía que “en el verano de 2023 se ha producido un aumento exponencial del número de solicitantes de protección internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas”.
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Hacinados en condiciones insalubres y sin comida
Desde el mes de agosto, el incremento de solicitudes de asilo en frontera ha sido exponencial: han llegado un total de 1.357 peticiones tan solo en el periodo de agosto a noviembre de 2023, un aumento considerable respecto al mismo periodo del año anterior (767 solicitudes en el 2022).
Este incremento en las llegadas, sumado a los retrasos en la formalización de las solicitudes, ha provocado “una situación de sobreocupación en las salas de solicitantes de protección internacional ubicadas en la T1 del aeropuerto”. Para lidiar con ello, se habilitaron las salas de inadmitidos de la T1 y T4.
Los datos remitidos por la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en el Puesto Fronterizo del aeropuerto muestran una clara saturación. Así, tanto las salas de protección internacional como las de inadmitidos están sobreocupadas, con alrededor de 250 personas en la actualidad. Ello ha generado un deterioro de las condiciones higiénicas en las instalaciones y una evidente escasez de comida.
Por ello, los jueces han acordado requerir al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras la adopción “con carácter urgente” de todas las medidas necesarias “para poner fin a la situación de hacinamiento actualmente existente” en las salas de inadmitidos. Señalan especialmente la vulneración del derecho a la intimidad que están sufriendo las personas allí presentes, entre los que se encuentran 19 menores de edad junto con sus familiares.
Interior prepara más espacio provisional en Barajas
CEAR ha celebrado el acuerdo conjunto de los jueces, que corrobora la situación de sobreocupación y hacinamiento que viven los migrantes, “que menoscaba la dignidad y la intimidad de las personas solicitantes de protección internacional”. Desde CEAR, esperan que esto suponga “un cambio estructural en las salas de inadmitidos de Barajas para que puedan cumplir con todos los requisitos legales de la directiva de acogida”.
Por el momento, el Ministerio del Interior ha anunciado que facilitará de forma provisional nuevos espacios en este aeropuerto para atender el repunte de migrantes solicitantes de asilo que se ha registrado en los últimos meses.
Según han señalado a EFE fuentes de Interior, se trata de unas medidas “coyunturales” hasta que se resuelva la situación y se llevarán a cabo de forma coordinada con las autoridades judiciales, el Defensor del Pueblo y Aena.