El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la causa del Tsunami Democràtic, ha pedido a las autoridades suizas, mediante una comisión rogatoria, que localicen a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la justicia española en ese país desde el año 2018 e imputada en el procedimiento por un delito de terrorismo.
En el auto al que ha tenido acceso Infobae España, fechado este martes, el magistrado también solicita a Suiza que le informe sobre los datos de una cuenta bancaria afincada en ese país y que podría estar relacionada con la financiación de Tsunami Democràtic. Estas diligencias practicadas por García-Castellón son anteriores al escrito en el que elevaba la investigación al Tribunal Supremo por la condición de aforados del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado del Parlament catalán Rubén Wagensbers.
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El magistrado recuerda en su auto que es “notoria” y “pública” la residencia de Marta Rovira en Suiza, país al que huyó en 2018 después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la citase para comunicarle que había sido imputada en la causa del procés. Desde allí, según García-Castellón, pudo participar en la planificación de las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic en agosto de 2019.
En concreto, la sitúa en una reunión en Ginebra a la que también acudió Carles Puigdemont, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional ubica en el vértice más alto de la organización de Tsunami con un “rol de liderazgo”. Añadió en su auto que su posición como expresidente y líder del independentismo desde Bruselas le confiere “una posición de autoridad incuestionable”.
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Una cuenta en Suiza
Como novedad en la investigación, García-Castellón pide en una comisión rogatoria que Suiza le informe sobre los datos de una cuenta bancaria desde la que se habría financiado la plataforma Tsunami Democràtic, a la que se atribuyen las principales protestas contra la sentencia del juicio del procés, entre otras la que bloqueó el aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Y es que, según expone el magistrado en su escrito, un colaborador estrecho de Puigdemont, Josep Lluis Alay, le dice a una persona que se había ofrecido a financiar la entrega de comida y agua a los manifestantes que existe la posibilidad de ofrecer directamente dinero a la organización de Tsunami mediante una cuenta afincada en suiza a nombre de Jaume Cabani.
De esa conversación el juez extrae que esa cuenta pudo financiar las protestas y acciones de la plataforma, en las que Manuel García-Castellón ve indicios de terrorismo. Por ello solicita a las autoridades suizas los siguientes datos: tarjetas de crédito, productos financieros suscritos, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones, así como los movimientos de la cuenta desde su creación hasta junio de 2020.