
La desaparición de cuatro militares salvadoreños en una zona bajo influencia de grupos armados volvió a mostrar el alcance de la violencia de las pandillas en Haití, un país donde barrios enteros, carreteras y actividades económicas están sometidos a estructuras criminales que han debilitado al Estado y han puesto a la población civil entre el fuego cruzado.
Los aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron atacados el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. La Fuerza Armada de El Salvador informó que viajaban de regreso a su campamento en un vehículo blindado, que fue alcanzado por disparos y explosivos antes de incendiarse.
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Los cuatro lograron salir del vehículo, pero desde entonces no se conoce su ubicación. Las operaciones de búsqueda por tierra y aire han enfrentado obstáculos por los enfrentamientos armados en la zona. Versiones difundidas por medios locales señalaron que el grupo habría cambiado su ruta para “buscar una tienda” y que “usaba Google Maps” para ubicarse.
El diario Le Nouvelliste informó, con base en dos fuentes gubernamentales haitianas, que los militares habrían sido “secuestrados” por integrantes de la banda Chèn Méchan. Dos días después no se ha podido confirmar su paradero o si se encuentran con vida.
La emboscada contra los salvadoreños expuso los riesgos que enfrentan las fuerzas internacionales en un territorio donde las pandillas conservan capacidad de ataque, controlan corredores estratégicos y desafían a las instituciones haitianas.
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Santo está dentro de una franja disputada por grupos armados
Santo forma parte de la planicie de Cul-de-Sac, una zona estratégica del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su ubicación conecta la capital con rutas hacia el centro y el este de Haití, así como con corredores que conducen hacia la frontera con República Dominicana.
El control de estas vías permite a las pandillas instalar retenes ilegales, atacar vehículos, exigir pagos a comerciantes y transportistas, mover armas, municiones entre otras mercancías. En ese entorno operan grupos como 400 Mawozo, Chèn Méchan, Canaan, Tokyo y Kraze Baryè.
400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, mantiene presencia en Croix-des-Bouquets y en rutas cercanas a la frontera. La banda ha sido vinculada con secuestros colectivos, extorsiones y ataques a transportistas. Chèn Méchan controla sectores de Santo, Marin y Shadda, mientras que Canaan ha extendido su influencia sobre áreas de la planicie de Cul-de-Sac.
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Kraze Baryè, dirigida por Vitelhomme Innocent, opera principalmente en Tabarre y zonas cercanas. Su líder fue acusado por Estados Unidos de participar en el secuestro de 17 misioneros en 2021 junto con integrantes de 400 Mawozo.

De grupos electorales a estructuras armadas
Las pandillas haitianas comenzaron a ganar fuerza hace cerca de dos décadas en barrios de Puerto Príncipe como La Saline, Fort Touron y Cité Soleil. Su expansión se aceleró después de 2011, cuando jóvenes desempleados fueron reclutados por dirigentes políticos y candidatos para tareas de intimidación y control electoral.
Tras recibir armas, dinero y protección, muchos de esos grupos mantuvieron sus redes una vez terminados los procesos políticos. Otros fueron financiados por sectores económicos que buscaban proteger negocios o imponer control en zonas de interés comercial.
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Con el paso de los años, esas bandas dejaron de depender exclusivamente de sus patrocinadores iniciales. Hoy obtienen recursos a través de secuestros, extorsiones, peajes ilegales, tráfico de armas, municiones y drogas. En barrios bajo su dominio, comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y residentes deben pagar para trabajar o circular.

Antiguos rivales se convirtieron en aliados
La principal alianza criminal del país es Viv Ansanm, creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue. La coalición reúne a grupos que antes integraban G9 y G-Pép, dos bloques rivales que se disputaron durante años el control de Puerto Príncipe.
Chérizier dirige una estructura armada en Delmas 4 y enfrenta sanciones internacionales. Estados Unidosofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita detenerlo.
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Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, mientras que se documentaron más de 230 secuestros y más de mil agresiones sexuales contra mujeres y niñas, según datos recogidos por EFE.
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