Diez días de lucha: Muere la segunda víctima de un atroz ataque intrafamiliar en Ciudad Barrios, El Salvador

El eco de las sirenas en la madrugada del pasado 7 de octubre aún resuena con fuerza en las calles tranquilas de Ciudad Barrios, en San Miguel Norte. Lo que comenzó como un estallido de violencia desmedida en el interior de un hogar familiar terminó convertida en una escena de devastación: gritos en la penumbra, lesiones por arma blanca y las llamas devorando velozmente una vivienda que, hasta entonces, guardaba la rutina de una familia salvadoreña.

Aquella fatídica jornada dejó tras de sí un rastro de dolor inolvidable. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 46 años, quien logró ser rescatada con vida del siniestro, pero con quemaduras graves que cubrían el 90 % de su superficie corporal. Trasladada de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), inició una silenciosa y desgarradora batalla contra la muerte.

Durante diez largos días, el personal médico intentó estabilizar su delicado estado mientras sus allegados esperaban un milagro en los pasillos del hospital. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada de este domingo, 18 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el desenlace más temido: la mujer no resistió la gravedad de las heridas y falleció.

El presunto responsable, José Gabriel Márquez López, de 55 años, fue capturado por las autoridades poco después de desencadenar la tragedia. Márquez López, señalado de haber atacado primero con un arma blanca a sus familiares, causándole la muerte a su propio sobrino, un menor de edad, para luego prender fuego al inmueble, enfrenta ahora una situación jurídica severamente agravada.

Con la confirmación de la muerte de la mujer, las autoridades informaron que la Fiscalía General de la República (FGR), le sumará formalmente un nuevo delito de homicidio a los cargos que ya pesaban en su contra.

La inimputabilidad por trastorno mental en la legislación penal salvadoreña

El caso ha reabierto un sensible debate en El Salvador sobre el impacto de la salud mental en los procesos judiciales. Cuando una persona comete un delito grave pero existen indicios de que padece un trastorno mental, la ley salvadoreña debe determinar si el acusado era realmente consciente de lo que hacía en el momento del ataque.

Según el Código Penal del país, para que alguien pueda ser juzgado y castigado como un criminal común, la ley exige que haya actuado con plena conciencia de que sus actos eran un delito. En su artículo 27, la legislación contempla la figura de la inimputabilidad.

Esto significa que una persona no puede ser considerada penalmente responsable si, debido a una enfermedad mental o una alteración grave de la conciencia, no tenía la capacidad de entender la gravedad de sus actos ni de controlar su comportamiento mientras cometía el hecho.

Sin embargo, que se mencione que el acusado tiene un problema psiquiátrico no significa que quedará libre automáticamente. Para que la justicia declare a alguien “inimputable”, el juez no se basa solo en testimonios: se debe someter al detenido a minuciosas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a cargo de los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML).

Si los exámenes médicos confirman que el agresor actuó sin ningún juicio ni conciencia, la ley no lo envía a una prisión convencional. En su lugar, el juez le impone una medida de seguridad, que suele ser el internamiento en un centro hospitalario o psiquiátrico bajo custodia policial.

Mientras el proceso legal avanza y se esperan los resultados de los peritajes psicológicos practicados a José Gabriel Márquez López, los habitantes de Ciudad Barrios intentan asimilar una tragedia que cobró dos vidas familiares.