Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá invertir dólares no declarados y criptomonedas en el mercado

Luego de que se comunicaran los lineamientos y consideraciones del Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIC) respecto a la Ley de Inocencia Fiscal, que dejó todo listo para que los bancos puedan comenzar a recibir los “dólares del colchón”, el Gobierno fue más allá y ahora apuesta a que también se canalicen por sociedades de Bolsa (ALyCs), fondos comunes y billeteras cripto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las Agencias de Liquidación y Compensación (ALyCs) tendrán la posibilidad de captar fondos provenientes del ahorro informal, conocidos como “dólares del colchón”. El objetivo declarado consiste en que estos agentes desarrollen fondos de inversión de diverso tipo, destinados a su cartera de ahorristas e inversores. Así, se busca que estos vehículos financien pequeñas y medianas empresas (pymes), infraestructura, consumo y otros segmentos productivos.

El nuevo marco normativo responde a la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, una medida que, según la Comisión Nacional de Valores (CNV), implica un cambio de paradigma al dejar atrás un enfoque de presunción de evasión tributaria. La CNV definió esta iniciativa como una adecuación necesaria tras años de restricciones cambiarias, alta inflación y un sistema tributario que impulsó altos niveles de informalidad. El organismo sostuvo que la anterior lógica situaba a los contribuyentes bajo sospecha, mientras que el nuevo esquema parte de la presunción de buena fe.

“A partir de este cambio normativo de la CNV, las Alycs podrán captar ‘dólares del colchón’. El objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas/inversores. Fondos que financien pymes, proyectos de infraestructura, consumo, etc”, afirmó el ministro Caputo. Para quien el desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, crucial para el crecimiento económico sostenido de nuestro país.

Las condiciones y opciones

El nuevo régimen permite que quienes hayan optado por el “Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias”, reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). Según el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, “el ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”. Lo que también desea el ministro Caputo, quien no quiere recurrir al mercado internacional ante los duros vencimientos que tiene Argentina en 2026 y espera recurrir a esta vía.

Las personas que decidan depositar sus fondos mediante el sistema regulado podrán hacer depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los agentes de bolsa, de quienes venden fondos comunes de inversión y de los PSAV. Como también transferir bonos, acciones u otros valores desde y hacia cuentas a su nombre en los agentes de bolsa o en quienes venden fondos comunes de inversión. Y criptomonedas u otros activos virtuales desde y hacia cuentas a su nombre en los PSAV registrados en la CNV.

En relación a la trazabilidad y el control, la reglamentación establece que las jurisdicciones de origen de las subcuentas comitentes o cuentas no deberán encontrarse en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal, según el artículo 24 del Anexo Integrante del Decreto N° 862/2019, ni ser consideradas jurisdicciones de Alto Riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La CNV también dispuso que se debe observar la normativa dictada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El organismo aclaró que se mantendrán los controles en suscripción de cuotapartes de FCI en moneda y valores negociables, así como la segregación de cuentas propias y de terceros, ya sea de fondos o de activos.

Es que la Ley permite que se depositen tanto en bancos como en sociedades de la Bolsa, fondos comunes de inversión y billeteras crypto los dólares que los argentinos compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario y que tienen fuera del sistema por el temor de ser perseguidos por el fisco nacional. Según la CNV, este cambio de reglas “viene a poner las cosas en su lugar y les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.

En este contexto, la adecuación normativa habilita la utilización de fondos y activos a través de instrumentos regulados, como los FCI, las ALyC y los PSAVs. El acceso de estos recursos al circuito formal aspira a dinamizar la economía mediante la financiación de segmentos productivos y el consumo, según las declaraciones de Luis Caputo y Roberto E. Silva.

Para los inversores, la posibilidad de operar con fondos en efectivo, valores negociables o activos virtuales bajo el amparo de la nueva ley implica una ampliación de las alternativas disponibles para canalizar el ahorro. El sistema prevé, además, requisitos de transparencia fiscal y controles de prevención de operaciones ilícitas, como la exclusión de jurisdicciones consideradas riesgosas y la observancia de la normativa de la UIF.

La CNV remarcó que la adecuación busca compatibilizar la libertad individual en el manejo del dinero con las exigencias de transparencia e integridad del sistema financiero. Según el organismo, la entrada de fondos y activos al circuito formal es “fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”.

El marco legal dispone que quienes opten por invertir a través del mercado de capitales o PSAVs pueden realizar depósitos en efectivo, transferencias de valores negociables y transferencias de activos virtuales. En todos los casos, la normativa exige que las operaciones se realicen con entidades y cuentas que cumplan con los estándares de transparencia y prevención de delitos financieros.