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Oficializaron un nuevo aumento para las jubilaciones: cuál será el haber mínimo a partir de noviembre

La actualización alcanza también a los pensionados. Como sucede cada mes, se espera que estos nuevos valores se complementen con el bono de 70 mil pesos

Hasta fin de año, el bono se mantendrá en 70 mil pesos

En el marco de las actualizaciones previstas mensualmente por el Gobierno nacional, oficializaron un nuevo aumento para el sistema previsional que regirá a partir de noviembre. Esta suba se complementaría con el bono de 70 mil pesos, que cobran desde hace meses los jubilados.

La medida se hizo oficial a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 979/2024, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esta manera, tal como estaba previsto, el haber mínimo garantizado a partir del mes de noviembre pasará a ser de $252.798,48.

Por otro lado, el Gobierno también fijó el haber máximo para el mes entrante en $1.701.094,47. Se trata de un aumento del 3,47%, puesto que los valores se actualizan según la inflación medida por el Indec.

A su vez, el Ejecutivo estableció la base imponible mínima en $85.142,48 y la máxima en $2.767.090,68. En cuanto al importe de la Prestación Básica Universal (PBU), indicaron que será de $115.643,76 el mes próximo, mientras que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $202.238,78.

El presidente Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria, por lo que continúa vigente la fórmula de actualización establecida por decreto

Pese a que aún no fue oficializado el pago del bono en el Boletín Oficial, el Gobierno ya adelantó que mantendrá el extra durante los meses restantes de este año y que no sufrirá aumentos durante 2025. Así, el monto se mantendrá en 70 mil pesos, valor que fue establecido en marzo pasado. Esto implica, con el avance de la inflación, una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones en términos reales.

Un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señala que hasta septiembre los haberes mínimos que incluyen el bono —que alcanza a más de 3,5 millones de adultos mayores— cayeron 6% real y que los que perciben ingresos más altos tuvieron una recuperación del 10% real en comparación con lo que cobraban en diciembre de 2023.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, sin actualización por inflación del refuerzo de ingresos durante 2025, continuará la licuación de ingresos. “Siguiendo la inflación estimada por el propio Presupuesto 2025, a enero del año próximo los bonos deberían duplicar su valor, y a diciembre de 2025 los guarismos indican que le están negando a los jubilados de la mínima $97.446 adicionales”, detallaron.

Ante una consulta sobre si el gobierno iba a extender la moratoria previsional en 2025, el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, respondió a Infobae que no está en los planes de la gestión. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo.

La situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”, aseguró.

Las jubilaciones aumentarán un 3,7% en noviembre (Foto: NA)

Estas actualizaciones mensuales se dan en el marco de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por decreto por el presidente Javier Milei hace unos meses. El Congreso, por su parte, sancionó una ley que establecía una nueva fórmula de actualización para los jubilados, pero fue vetada por el Ejecutivo y blindada por la Cámara de Diputados.

Uno de los principales argumentos del oficialismo para rechazar la reforma fue que, según sus estimaciones, las jubilaciones se incrementaron un 10% en lo que va del año y un 6% en términos reales. Sin embargo, estas afirmaciones son incongruentes con los datos de la OPC.

Además, el Ejecutivo consideró que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

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