El Gobierno busca sumar un socio privado a una de las compañías en las que mantiene una mayoría accionaria desde la capitalización que decidió la administración de Alberto Fernández en 2021. Se trata de la metalúrgica IMPSA, fundada por la familia Pescarmona y ubicada en Mendoza, y en la que el Estado nacional mantiene una participación mayor al 63% que ahora buscará vender a una compañía norteamericana.
De esa forma, el Poder Ejecutivo avanzaría con una primera operación de privatización más allá de las empresas públicas que quedaron sujetas a venta a participantes privados. Desde el Gobierno informaron que se trataría de la venta del paquete accionario, algo en lo que coincidieron fuentes de la gobernación de Mendoza.
El anuncio formal de la firma de la carta de intención sería realizado este jueves al mediodía en Mendoza por parte del gobernador Alfredo Cornejo -la provincia también es accionista de IMPSA- y el secretario de Desarrollo Productivo Juan Pazo. El proceso se desarrollará en las próximas semanas en implica pasos formales de oferta y posibilidad para que otros oferentes privados puedan ingresar si así lo evaluaran.
“Mañana se firma la carta de intención entre la Nación y Provincia para vender las acciones de ambos gobiernos a un privado. Es un grupo norteamericano, la Provincia va a recuperar lo que invirtió y ganar algo más. El oferente tiene 30 días para presentar su propuesta económica y luego hay otros 60 días para ver si se presenta otra oferta”, especificaron desde la gobernación cuyana.
En mayo de 2021 el gobierno de Alberto Fernández decidió realizar una operación de capitalización del holding fundado por la familia Pescarmona, lo que dejó a la participación accionaria del Estado nacional por encima del 60 por ciento del total. De esa manera, el Estado nacional pasó a ser el accionista principal de la tradicional empresa metalúrgica.
Esa capitalización incluyó USD 20 millones por parte del Estado nacional y otros USD 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo. Así, la provincia se reservó el 20% de las acciones y un 15% quedó en capitales privados. La participación de la familia fundadora se redujo al 5% del total del grupo empresario.
“El Estado nacional inyectará un total de $1.362.900.000 al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora”, informó en aquel momento el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de un comunicado.
En agosto de 2020, la empresa había solicitado al Gobierno nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. La compañía fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica y luego fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear.
En 2018 logró salir de una profunda crisis financiera, que la había puesto al borde de la desaparición. Desde entonces, adoptó un nuevo esquema societario y los acreedores tomaron el control y el management de la compañía.