La UIA pidió la aprobación de la Ley Bases y la sanción de un régimen para las pequeñas y medianas empresas

Durante la reunión de su Junta Directiva, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó la importancia de alcanzar consensos que permitan la aprobación de la “ley Bases” en el Senado de la Nación.

Las autoridades consideraron que tanto el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones, como el capítulo laboral y la moratoria fiscal, resultan centrales para poner en valor las oportunidades que el país tiene por delante y amortiguar los efectos adversos de la coyuntura actual. Se remarcó, además, la importancia de que sean tomados en cuenta los comentarios y observaciones enviadas por la UIA al Congreso, en especial la solicitud de que los proveedores locales de bienes producidos en el país puedan competir en igualdad de condiciones frente a los importados.

En paralelo, el departamento PyMI presentó los principales lineamientos de la iniciativa que impulsa la UIA. El proyecto, que la institución presentó la semana pasada en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, se articula alrededor de seis ejes (Simplificación tributaria; Creación de un régimen de incentivo a las inversiones PyME industriales complementario del RIGI; Actualización automática de parámetros de categorización; Herramientas para la internacionalización de las empresas; Simplificación de la creación de nuevas empresas; y Acceso a financiamiento) y tiene por objetivo potenciar el universo de 530.000 pymes que generan más de tres millones de puestos de trabajo en todo el país.

Los reclamos de la UIA

Durante la reunión de su Junta Directiva, la institución alertó por la caída de la actividad, los fallos de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y las iniciativas legislativas provinciales que aumentan los costos laborales de las PyMEs.

Además, señalaron las consecuencias negativas que traerá aparejada la eliminación de algunos reglamentos técnicos que se dieron a conocer la semana pasada en el Boletín Oficial. “Las normas derogadas resultan esenciales para garantizar el desarrollo de la producción nacional frente a la competencia desleal externa. Por otro lado, representan un paso en el camino de la apertura comercial sin antes realizar las reformas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones con los productos argentinos en los mercados globales”, señalaron desde la UIA.

Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de avalar la indexación de las indemnizaciones laborales y la media sanción en la legislatura bonaerense de un proyecto que tiene por objetivo establecer por ley dicho criterio para el cálculo de los intereses, los representantes de la industria señalaron las dificultades que se generarán para la actividad productiva en un contexto de variables económicas negativas y con retracción de la actividad. “Este tipo de medidas incrementa los costos y atenta contra la creación de empleo formal”, advirtieron.

Por otra parte, los miembros de Junta manifestaron la preocupación por el anticipo extraordinario de Ingresos Brutos en La Rioja. “Estas medidas van en el sentido opuesto de lo que Argentina necesita para potenciar la producción, la generación de empleo, la inversión y las exportaciones con valor agregado, atentado contra el capital de trabajo de las empresas”, aseguraron.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad, expuso en la 112ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se lleva a cabo en Suiza,. y expuso sus principales preocupaciones en torno a la economía mundial y nacional. “Estamos ante un contexto global desafiante que afecta al que hacer empresario, tanto en la inversión, la incorporación tecnológica, en el empleo y la empleabilidad, en la productividad y la competitividad y el comercio internacional”, declaró.

En su discurso recordó que se encuentran en discusión actualmente los condicionantes y límites al derecho de huelga que –claramente- debe tener en cuenta la figura del “acoso y violencia” del Convenio n° 190 –ya ratificado por la Argentina-, que es de doble vía, pues los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento, violan también derechos constitucionales como el de propiedad, el de ejercer toda industria lícita, la libertad de tránsito y de trabajo.