Al igual que on el gas, el Gobierno comenzará a discutir en las próximas semanas los aumentos en las tarifas de electricidad que comenzarán a regir desde febrero. Las subas no solo contemplarán la quita de subsidios que forma parte del ajuste fiscal que propuso para 2024 el Ministerio de Economía sino también la recomposición que piden las compañías de transporte y distribución eléctrica.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) estimó que los costos de la generación de electricidad tuvieron un fuerte salto tras la devaluación del tipo de cambio oficial que decidió el presidente Javier Milei en sus primeros días de gestión. La programación trimestral provisoria para febrero y abril de este año arrojó que ese ítem marcó un alza del 130% respecto a la situación previa al salto cambiario.
Esa previsión que realiza Cammesa es clave para los futuros incrementos en las boletas de luz. En concreto es el precio que pagan las distribuidoras residenciales y los grandes usuarios por la energía eléctrica, es decir, es uno de los componentes de la tarifa. A eso se suma el transporte, la distribución y los impuestos. En base al precio de la electricidad la Secretaría de Energía deberá definir cuánto pagará las familias de ese costo durante el próximo trimestre.
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Si los traslados a las facturas se hacen en línea con lo que se planteó para el gas, la intención oficial sería que los usuarios de mayores ingresos paguen el costo pleno de la generación eléctrica. Esa es la principal herramienta que tiene el Gobierno para reducir la carga de subsidios: el objetivo es que la asistencia a la energía caiga 0,5% del PBI este año desde el 1,5% de 2023.
El economista Julian Rojo precisó que dos de cada tres usuarios pagan entre 7% y 8% del costo de la electricidad, “la cobertura más baja de la historia”. Ese universo abarca dentro del actual esquema de segmentación a los N2 (menores ingresos) y N3 (ingresos medios), mientras que los N1 (altos ingresos) pagan pleno. “Para eliminar subsidios se tiene que multiplicar el precio de la energía por 15 y por 12 veces para el 70% de los hogares de todo el país. El impacto en cada provincia depende de su propia estructura tarifaria”, explicó el especialista.
Al traslado de la suba de costos de generación de la electricidad tras la devaluación que decida la Secretaría de Energía deberá sumarse los incrementos en concepto de transporte y distribución. De allí saldrá un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en febrero que determinará las facturas finales.
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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) convocó a audiencias públicas para las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) Edesur y Edenor el próximo 26 de enero. En tanto, la fecha elegida para las transportistas es el 29 de este mes. Ambas se llevarán a cabo de manera virtual a través de la página del Enre.
Tal como figura en los expedientes de la audiencia, las distribuidoras del Amba pidieron ingresos por más de $1 billón para operar durante 2024 y pidieron, al igual que en el caso del gas, que se permitan actualizaciones mensuales en sus tarifas. La discusión también girará en torno a las deudas de estas empresas con Cammesa.
La consultora Economía y Energía realizó una proyección de incrementos en las tarifas de energía contemplando: que los N1 no tendrán subsidio, los N3 pagan el costo pleno de abastecimiento, los N2 pagarán el 20% de ese costo, una recomposición del valor agregado de distribución y el impacto de la última devaluación.
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Para los consumidores Nivel 1, la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba). Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168 por ciento).