Comisión legislativa recomienda no reelegir a Julia Varela mientras avanza propuesta para reformar elección de magistrados en Costa Rica

La magistrada de la Sala Segunda obtuvo cuatro votos contra su continuidad y tres a favor. En paralelo, una reforma constitucional plantea elevar a 50 años la edad mínima para llegar a la Corte y limitar a 24 años la permanencia en el cargo.

La Comisión de Nombramientos recomendó, por cuatro votos contra tres, no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda. Cortesía: El Observador
La Comisión de Nombramientos recomendó, por cuatro votos contra tres, no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda. Cortesía: El Observador
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La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en una cerrada votación que deberá ser resuelta finalmente por el Plenario Legislativo.

El resultado fue de cuatro votos a favor de la no reelección y tres votos a favor de mantenerla en el cargo, evidenciando posiciones divididas entre los legisladores sobre la continuidad de la magistrada y, de manera más amplia, sobre la necesidad de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia.

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Los diputados que se inclinaron por la salida de Varela argumentaron que el Poder Judicial necesita “nuevos aires” y caras nuevas, mientras que quienes respaldaron su permanencia destacaron principalmente su experiencia y participación en importantes reformas del sistema judicial costarricense.

Entre los argumentos favorables a la magistrada estuvo su trayectoria en la implementación de la reforma procesal laboral y los procesos de modernización relacionados con la jurisdicción de familia.

Otro criterio favorable resaltado es que la magistrada “ha contribuido al fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia”mediante procesos de modernización vinculados tanto con la reforma procesal de familia como con la reforma procesal laboral.

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Los argumentos para no reelegirla

Entre quienes rechazaron la continuidad de Varela apareció también un cuestionamiento sobre las funciones administrativas asumidas por los magistrados y los incentivos salariales relacionados con esas responsabilidades.

Durante la discusión, uno de los diputados recordó una respuesta brindada por la magistrada durante su entrevista ante la comisión.

Según relató el legislador, Varela consideró que los magistrados no deberían dedicar tiempo a labores administrativas, pero se mostró favorable a mantener el complemento salarial asociado con esas funciones.

“Mi disgusto es que cuando yo le digo que estoy de acuerdo en que los magistrados no deberían estar en eso, entonces quitémosles el plus salarial que se les paga por hacer gestiones administrativas, ahí dice que no, que el plus continúe”, expresó.

El diputado vinculó esa posición con su criterio de que la Corte requiere una renovación.

La decisión definitiva sobre la continuidad de Julia Varela deberá ser tomada por el Plenario de la Asamblea Legislativa. Cortesía: Diario Extra
La decisión definitiva sobre la continuidad de Julia Varela deberá ser tomada por el Plenario de la Asamblea Legislativa. Cortesía: Diario Extra

Proponen limitar a 24 años la permanencia en la Corte

La discusión sobre la continuidad de Varela coincide con una propuesta de mayor alcance que busca modificar las reglas mediante las cuales se eligen y reeligen los magistrados en Costa Rica.

La diputada Abril Gordienko presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla cambios en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política.

Uno de los principales cambios consiste en establecer un límite máximo de 24 años para ejercer una magistratura, distribuidos en un primer periodo de ocho años y hasta dos reelecciones adicionales.

Actualmente, la legislación no establece un número máximo de veces que un magistrado puede ser reelegido.

El proyecto también propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima necesaria para ocupar una magistratura y aumentar de 10 a 15 años la experiencia requerida en el ejercicio profesional.

Gordienko defendió los cambios bajo el argumento de que la Corte necesita personas con una mayor trayectoria profesional antes de asumir estos puestos.

“Considero que para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes debemos elevar la edad mínima para acceder a esa posición, ponerla en 50 años; actualmente es de 35”, explicó.

La legisladora también plantea incorporar requisitos relacionados con la probidad, trayectoria profesional, publicaciones académicas e idoneidad de quienes aspiren a integrar la Corte.

La diputada Abril Gordienko propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima para llegar a una magistratura y limitar la permanencia máxima a 24 años.
La diputada Abril Gordienko propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima para llegar a una magistratura y limitar la permanencia máxima a 24 años.

Oficialismo cuestiona límite de 24 años

La posibilidad de elevar la edad mínima genera coincidencias entre distintas fuerzas políticas, aunque existen diferencias sobre cuánto tiempo debería permanecer una persona como magistrada.

Desde el oficialismo consideran razonable discutir una edad mínima de 50 años, pero señalan que permitir una permanencia máxima de 24 años sería excesivo.

Una de las posiciones expresadas plantea como alternativa establecer un máximo de 16 años, correspondiente a dos periodos de ocho años.

Desde Liberación Nacional también se manifestó respaldo a poner límites a las reelecciones, aunque la agrupación planteó que el número definitivo debería establecerse con base en criterios técnicos y comparaciones internacionales.

Dos años sin litigar ante la misma Sala

La propuesta de Gordienko incluye además restricciones para los magistrados después de abandonar sus cargos.

El texto establece que quienes hayan ocupado una magistratura no podrán durante los dos años siguientes aceptar determinados cargos políticos de elección popular, puestos ministeriales o cargos de confianza política, ni podrán litigar ante la misma Sala en la que ejercieron.

El objetivo es reducir potenciales conflictos de intereses y evitar lo que algunos legisladores describieron como “puertas giratorias” entre altos cargos judiciales, la política y el ejercicio privado de la profesión.

La reforma también plantea que las personas candidatas sean de conocida probidad y que el procedimiento de selección garantice criterios de paridad de género, idoneidad, excelencia, profesionalidad, producción académica, igualdad y no discriminación.

Por tratarse de una modificación a la Constitución, el trámite es más complejo que el de una ley ordinaria. La iniciativa debe contar inicialmente con el respaldo de al menos 10 diputados y posteriormente someterse a tres lecturas en el Plenario, con intervalos de seis días, antes de decidir si se admite para discusión.

Si avanza, deberá pasar a una comisión especial que contará con un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir un dictamen. Posteriormente necesitará el respaldo de al menos 38 diputados.

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