El Gobierno comenzó a desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante la administración de Gustavo Petro para preservar terrenos rurales estratégicos para la producción agropecuaria. En menos de un mes, el Ministerio de Agricultura anunció y concretó derogatorias en varios departamentos, mientras prepara nuevas resoluciones para retirar esta protección en otros territorios.
La decisión involucra cerca de 998.000 hectáreas distribuidas en 59 municipios y abre una discusión sobre el futuro de los suelos destinados a la producción de alimentos. A las diferencias entre las dos administraciones sobre el ordenamiento territorial se suma otro elemento: la presencia de títulos y solicitudes mineras en algunas de las zonas que perderían esta protección.
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De acuerdo con una investigación de Cambio, que cruzó los polígonos de las APPA con los registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM), existen solicitudes mineras en Urumita, La Guajira, y El Carmen de Chucurí, Santander. Las peticiones incluyen minerales como cobre, oro y plata, entre otros, pero todavía se encuentran en evaluación.
Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a derogar las APPA
Uno de los primeros anuncios públicos sobre el desmonte de estas áreas se produjo el 5 de octubre, en Urumita, al sur de La Guajira. En ese municipio, donde Gustavo Petro había presentado la figura de protección, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, encabezó un acto para anunciar su derogatoria en ocho municipios.
Ese mismo día, el Ministerio derogó las cinco resoluciones que habían declarado APPA en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en la provincia de Sabana Centro, Cundinamarca.
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Dangond justificó la decisión al señalar que estas declaratorias limitaban las competencias de las autoridades territoriales. Según el ministro, las decisiones sobre el uso del suelo deben articularse con los planes de ordenamiento territorial y las facultades de los gobiernos municipales.
El proceso continuó el 24 de octubre, cuando el jefe de la cartera anunció el desmonte de las APPA en 19 municipios del suroeste de Antioquia. Durante el anuncio, presentó la medida como el cumplimiento de una promesa del presidente De la Espriella y anticipó que el procedimiento también avanzaría en Córdoba.
El ministro manifestó su intención de que no permanezca ninguna de estas figuras de protección en el país.
Casi un millón de hectáreas estaban delimitadas para proteger la producción de alimentos
Según la última rendición de cuentas de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) durante el Gobierno Petro, las APPA comprendían más de 998.000 hectáreas en 59 municipios.
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Córdoba concentraba la mayor extensión, con 667.034 hectáreas. Le seguían Antioquia, Santander, La Guajira, Tolima y Sabana Centro, en Cundinamarca.
Las superficies delimitadas por la anterior administración se distribuían de la siguiente manera:
- Córdoba: 667.034 hectáreas.
- Antioquia: 102.802 hectáreas.
- Santander: 84.662 hectáreas.
- La Guajira: 79.782 hectáreas.
- Tolima: 48.494 hectáreas.
- Sabana Centro, Cundinamarca: aproximadamente 15.800 hectáreas.
La finalidad de esta figura era preservar terrenos rurales estratégicos para la producción agropecuaria y evitar que otros usos del territorio comprometieran su vocación agrícola.
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En su rendición de cuentas de agosto del año pasado, la UPRA explicó que las APPA no obligaban a los agricultores a sembrar determinados productos, tampoco impedían la construcción de infraestructura vial o de servicios públicos ni prohibían el turismo. Además, señaló que respetaban los derechos adquiridos.
Sin embargo, las declaratorias sí establecían restricciones para el desarrollo de nuevos proyectos que pudieran afectar la producción de alimentos, entre ellos algunas iniciativas mineras.
Autonomía territorial y fallas técnicas, los argumentos para eliminar las APPA
El Ministerio de Agricultura ha sustentado las derogatorias en cuestionamientos relacionados con la delimitación y el procedimiento mediante el cual fueron declaradas estas áreas.
Uno de los principales argumentos de Indalecio Dangond es la autonomía territorial. La cartera considera que las APPA imponían restricciones desde el nivel nacional sobre decisiones que corresponden a las autoridades municipales, especialmente en materia de ordenamiento y uso del suelo.
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El Ministerio también ha señalado presuntas deficiencias cartográficas, vacíos relacionados con la consulta previa e inconsistencias en la delimitación de los polígonos.
La cartera califica estos problemas como fallas estructurales que, desde su perspectiva, no pueden corregirse mediante ajustes parciales de las áreas. Por esa razón, considera que derogar las resoluciones es la alternativa para atender las deficiencias identificadas.
La posición contrasta con la defensa que hizo la administración Petro de las declaratorias. El anterior Gobierno sostuvo que las APPA se construyeron mediante procesos participativos y que su eliminación desconocería las obligaciones del Estado frente a la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación.
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Solicitudes mineras coinciden con terrenos que estaban protegidos
Los documentos técnicos que sustentan las derogatorias muestran la presencia de títulos mineros, solicitudes y zonas reservadas con potencial para esta actividad en territorios delimitados como APPA.
De acuerdo con esos documentos, en La Guajira los títulos mineros vigentes se superponían con 29.752 hectáreas, equivalentes al 37,28% del área declarada como APPA. También se identificaron 14.339 hectáreas relacionadas con títulos en etapa de explotación.
En Antioquia, los registros reportaron 213 títulos mineros que coincidían con 12.125 hectáreas del área protegida, además de 42 zonas reservadas con potencial minero.
En Córdoba se identificaron 32 registros de títulos que se superponían con 15.590 hectáreas, principalmente en Montelíbano y Planeta Rica.
A estas cifras se suman los hallazgos de Cambio sobre solicitudes que todavía no tienen una decisión definitiva de la autoridad minera.
Max Resource presentó dos solicitudes en Urumita, La Guajira
Según el cruce de información realizado por el medio entre los polígonos de las APPA y los registros de la ANM, en Urumita aparecen dos solicitudes mineras en evaluación presentadas por la subsidiaria colombiana de la compañía canadiense Max Resource.
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La primera petición fue radicada el 3 de agosto, cuatro días antes de la posesión presidencial. La segunda ingresó el 20 de agosto, cuando ya había comenzado el mandato de Abelardo de la Espriella.
Ambas solicitudes fueron presentadas antes del anuncio de la derogatoria en La Guajira, aunque después de que el presidente había expresado su intención de retirar estas figuras de protección.
Los registros de la Agencia Nacional de Minería indican que las peticiones incluyen cobre, oro y plata, así como sus concentrados. En conjunto, los polígonos se superponen con aproximadamente 3.100 hectáreas de la antigua APPA de La Guajira, una extensión equivalente a cerca de 4.300 canchas de fútbol.
Los trámites continúan en evaluación y su aprobación no está garantizada. No obstante, el cruce de información evidencia la coincidencia entre estas solicitudes y terrenos que habían sido delimitados para proteger la producción de alimentos.
Solicitud minera de 7.500 hectáreas en El Carmen de Chucurí, Santander
La revista también identificó una solicitud minera en El Carmen de Chucurí, Santander, departamento en el que el Gobierno prepara la derogatoria de las APPA que comprenden zonas de ese municipio y de San Vicente de Chucurí.
La petición fue presentada por Guillermo Matíz Martínez y abarca un polígono de aproximadamente 7.500 hectáreas. De acuerdo con los registros de la ANM, incluye oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio.
La solicitud fue radicada el 12 de agosto, cinco días después de la posesión presidencial, y permanece en evaluación ante la autoridad minera.
Por ahora, no existe una aprobación definitiva para desarrollar un proyecto sobre esos terrenos. Sin embargo, si se concreta la derogatoria de las APPA en Santander, la solicitud podría avanzar sin las restricciones que imponía esta figura de protección agroalimentaria.
Gobierno prepara nuevas derogatorias en Santander y Tolima
El proceso de desmonte continúa. Además de las decisiones anunciadas en La Guajira, Cundinamarca y Antioquia, el Gobierno tiene listos dos proyectos de resolución para derogar las declaratorias correspondientes a Santander y Tolima.
El ministro Indalecio Dangond también anticipó que el procedimiento avanzará en Córdoba, departamento que concentra la mayor superficie delimitada como APPA durante la administración anterior.
Mientras adelanta estas medidas, el Ministerio de Agricultura plantea una estrategia para el campo basada en una mayor autonomía municipal para ordenar el territorio y en incentivos para fortalecer la producción agropecuaria.
Entre las propuestas del ministro están los créditos a largo plazo, la mecanización, la transferencia tecnológica y las inversiones en riego y comercialización.
Por ahora, las solicitudes mineras identificadas en La Guajira y Santander continúan en evaluación. El alcance definitivo del desmonte dependerá de las resoluciones que expida el Gobierno y de las decisiones que adopten las autoridades competentes sobre los trámites mineros.
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