El representante a la Cámara por Casanare, Diego Fernando García Alfonso, anunció que solicitará formalmente al Gobierno nacional una adición presupuestal durante 2027 para recuperar $59.000 millones que, según aseguró, se habían destinado al departamento, luego de las dificultades en el trámite del Presupuesto General de la Nación para ese año.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales y un video, el congresista explicó que presentará la solicitud una vez entre en vigencia el presupuesto de 2027, con el propósito de gestionar nuevamente los recursos para Casanare.
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“Solicitaré formalmente al Gobierno Nacional que, una vez entre en vigencia el Presupuesto 2027, se tramite una adición presupuestal para recuperar los $59.000 millones que habíamos logrado asegurar para Casanare”, manifestó.
García afirmó que continuará adelantando gestiones para que la inversión llegue al departamento. “No renunciaremos a los recursos para nuestras regiones. Seguiremos gestionando y articulando soluciones para que esta inversión llegue a nuestro departamento y se traduzca en más oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, expresó.
El representante señaló que las dificultades en el trámite legislativo se originaron en las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes en el artículo 65 del proyecto de presupuesto. Según explicó, esas discrepancias no fueron conciliadas antes de vencer el plazo legal.
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Ante esta situación, indicó que el Gobierno nacional deberá expedir por decreto el presupuesto aprobado en primer debate. En su declaración, García no precisó la fecha en la que presentará la solicitud de adición presupuestal ni detalló el procedimiento para recuperar los recursos.
¿Qué ocurrió con el Presupuesto General de la Nación para 2027?
De acuerdo con lo expuesto por García, las diferencias entre las versiones aprobadas por las dos cámaras del Congreso en el artículo 65 impidieron que el Presupuesto General de la Nación para 2027 culminara su trámite legislativo.
La disposición está relacionada con operaciones de cobertura financiera para mitigar los riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense.
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La controversia se centra en las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes y en la falta de conciliación entre ambas versiones antes del vencimiento del plazo legal.
La denuncia de Esmeralda Hernández sobre el artículo 65
La senadora Esmeralda Hernández denunció una presunta irregularidad en el trámite del presupuesto, luego de comparar los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. Según la congresista, las dos corporaciones aprobaron versiones diferentes del artículo 65, por lo que consideró necesaria una conciliación.
Uno de los puntos señalados por Hernández está relacionado con una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, quien, durante la plenaria del Senado, retiró la iniciativa que buscaba modificar esa disposición y la dejó como constancia.
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“Yo, como autor único de la proposición, la retiro y la dejo como constancia”, manifestó Caicedo durante la sesión, según la declaración citada por Hernández.
La senadora sostuvo que la versión aprobada en la Cámara de Representantes incluyó la proposición y dos parágrafos adicionales. Por esa razón, cuestionó que el proyecto continuara su trámite sin que se conciliaran las diferencias entre los textos de las dos corporaciones.
¿Qué establece el artículo 65 del presupuesto?
El artículo 65 contempla la posibilidad de ejecutar conjuntamente operaciones de cobertura previstas en el artículo 129 de la Ley 2010 de 2019, relacionado con el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y en el artículo 33 de la Ley 1955 de 2019, correspondiente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
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Estas operaciones buscan mitigar los riesgos fiscales asociados con las variaciones de los precios del petróleo y los combustibles líquidos, así como de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense.
El texto también establece que los costos derivados de estas operaciones puedan asumirse con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación cuando los recursos disponibles en los fondos correspondientes sean insuficientes.
Además, contempla que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional pueda administrar las operaciones mediante cuentas independientes mientras se incorporan a los fondos respectivos. Si estas generan recursos, podrían incorporarse en los estados financieros del FEIF para su posterior utilización.
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