Así quedaron las finanzas en el gobierno de Gustavo Petro: deuda bruta superó el billón de pesos hasta agosto de 2026

Mientras el país continúa a la espera de conocer el Presupuesto General de la Nación para el 2027, en medio de los repetidos anuncios del Gobierno nacional por mantener una austeridad en casi la totalidad de las carteras, en la mañana del domingo 18 de octubre se conocieron las finanzas que, hasta el momento, tendría en números rojos a la Nación.

Y es que, según cifras oficiales reveladas por El Tiempo, el gobierno de Gustavo Petro elevó la deuda bruta nacional a $ 1.068 billones de pesos al cierre de agosto de 2026, un nivel que presionaría las tasas de interés, el crédito, el empleo y el poder de compra de las familias colombianas. El déficit fiscal podría llegar al 9,4% en 2027, por encima del 7,8% registrado durante la pandemia en 2020.

La deuda interna concentraba $ 818,81 billones, el 76,6% del total, mientras que los compromisos externos sumaban $ 249,52 billones, equivalentes al 23,4%. La Contraloría General de la República entregó las cifras en respuesta a una petición del diario nacional.

Frente al cierre de 2025, los pasivos internos crecieron $78 billones y los externos bajaron $69 billones. La reducción de estos últimos obedeció a la caída del dólar, que disminuyó su valor expresado en pesos sin alterar el monto adeudado: por cada $100 que baja la divisa estadounidense, la deuda se reduce en promedio $7 billones.

El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, David Pérez-Reyna, sostuvo a El Tiempo que Colombia no enfrentaba una situación comparable desde la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. El endeudamiento actual supera incluso la presión fiscal originada por la paralización económica durante la emergencia por covid-19.

Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, necesita financiar esa diferencia con préstamos y pagar intereses más altos. Esa dinámica puede encarecer los créditos de vivienda y consumo, sostener la presión sobre los precios y limitar la contratación de trabajadores.

“Que haya más deuda del Gobierno tiene un efecto directo sobre las tasas de interés: para que más personas quieran prestarle al Estado, la tasa de interés de esa deuda es mayor. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión, pues hay menos recursos disponibles para invertir y los que hay van también a demandar un mayor retorno”, señaló el experto.

Las proyecciones indican que, durante los próximos años, los hogares podrían comprar menos con el mismo salario, pagar más por sus préstamos y encontrar mayores dificultades para acceder a un empleo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal anticipó el aumento del déficit previsto para 2027.

Los títulos internos y el límite de endeudamiento disponible

La mayor parte de los compromisos internos está formada por TES clase B, títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno nacional para obtener recursos de inversionistas. Los papeles de largo plazo, con vencimientos superiores a un año que llegan hasta 2062, suman $748,01 billones: representan el 70% de la deuda nacional y el 91,4% de la interna.

Los TES B de corto plazo, negociados a un año o menos, alcanzan $52,63 billones. Los restantes pasivos internos suman $ 18,17 billones.

La deuda externa se divide entre bonos por $126,96 billones, equivalentes al 11,9% de la obligación total; créditos de banca multilateral por $99,46 billones, el 9,3%; y otros compromisos por $23,09 billones, el 2,2%.

Según cifras de la Contraloría General de la República entregados a El Tiempo, el país redujo el uso del endeudamiento para financiar proyectos de inversión como carreteras, hospitales y universidades, mientras concentra estos recursos en el funcionamiento mínimo del Estado. El gobierno de Petro dejó al nuevo presidente Abelardo De La Espriella un cupo anual de endeudamiento utilizado en 97%, cuando aún faltaba la mitad de 2026.

Los inversionistas que compraron bonos poseen $126,96 billones, el 50,9% de la deuda externa. Les siguen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con $52,14 billones, el Banco Interamericano de Desarrollo, con $32,65 billones, y el Banco de Desarrollo de América Latina, con $11,84 billones.

El resto de los acreedores externos incluye al Fondo de Ahorro y Estabilización, con $8,74 billones; al banco alemán KfW, con $21 billones; y a la Agencia Francesa de Desarrollo, con $5,41 billones.

Los fondos de pensiones y cesantías nacionales encabezan los tenedores de TES B internos, con $252,98 billones de un total de $800,63 billones distribuidos entre diez grupos. Porvenir concentra $117,72 billones; Protección, $88,31 billones; Colfondos, $27,69 billones; y Skandia, $11,53 billones.

Los fondos de capital extranjero poseen $150,57 billones en títulos internos. Pimco Funds Global Investors Series registra $13,48 billones y Pimco Income Fund, $12,73 billones; los 20 principales tenedores reúnen $63,20 billones, el 42% de ese grupo, mientras más de 800 inversores restantes acumulan $87,37 billones.

Los vencimientos y las advertencias fiscales

El Ministerio de Hacienda pagó el 25 y 26 de agosto TES B que vencían en esas fechas por $6,08 billones. Entre septiembre y diciembre de 2026 vencen $16,25 billones en títulos de corto plazo.

Durante 2027 vencerán $78,46 billones: $36,38 billones en instrumentos de corto plazo y $42,08 billones en obligaciones de largo plazo. Los mayores pagos internos de largo plazo se concentran en 2031, con $65,11 billones; 2033, con $65,26 billones; y 2035, con $78,65 billones.

En deuda externa, los vencimientos pendientes de 2026 alcanzan 497 millones de dólares y los de 2027, 3.664 millones de dólares. Los picos se ubican en 2030, con 7.262 millones de dólares, y 2036, con 7.060 millones de dólares.

La delegada para la Economía de la Contraloría emitió siete alertas entre enero y agosto por el nivel de endeudamiento. En abril dirigió una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Germán Ávila, por el aumento acelerado de los pasivos y las condiciones financieras que comprometían el equilibrio fiscal.

La entidad calculó que $23 de cada $100 del gasto público se destinaban al pago de deuda. También advirtió que las estrategias aplicadas para cubrir los TES B de 2026 permitieron cumplir los vencimientos, pero elevaron los intereses de los años siguientes.

En julio, la Contraloría confirmó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria contra Ávila por el manejo de la deuda nacional y lo remitió a la Procuraduría. Aunque consideró legales las decisiones del Ejecutivo, señaló que implicaban un riesgo para la orientación fiscal del Estado.