La Cámara de Representantes sigue sin aprobar el Presupuesto de 2027: la discusión cambió de fecha y debe recibir el visto bueno a contrarreloj

La plenaria de la Cámara de Representantes levantó la sesión del segundo debate en plenaria del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, sin avanzar más allá de la votación de impedimentos, y citó de nuevo a los congresistas para el lunes 19 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., a un día del plazo máximo fijado para que el Legislativo apruebe la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La sesión estaba convocada para el jueves 15 de octubre. El aviso de la plenaria confirmó el cierre de la jornada sin que el examen de fondo de la ponencia para segundo debate llegara a iniciarse, y fijó la nueva fecha para retomar la discusión.

El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PGN. Si no lo hace dentro de ese plazo, el Ejecutivo podrá expedir el presupuesto mediante decreto, según la advertencia incluida en la convocatoria de la Cámara para el segundo debate.

Diferencias entre el Gobierno y el Congreso

La representante Isabel Vera, de Colombia Humana, dijo que el aplazamiento se debió a las diferencias entre el Gobierno y sectores del Congreso de la República frente al contenido presupuestal y a la forma en que se condujo la discusión. La congresista sostuvo que la falta de cuórum no respondió a una sola bancada, sino a desacuerdos de distintos grupos políticos.

Vera cuestionó la relación del Ejecutivo con el Legislativo durante el trámite. “Eso es el resultado de un gobierno nacional que quiere pasar por encima del Congreso de la República, que no busca escenarios de conciliación ni diálogo”, manifestó.

La congresista señaló que las divergencias también alcanzaron a sectores de derecha que objetaron decisiones sobre la distribución de recursos. “También se rompe por congresistas de la derecha que no están de acuerdo con las decisiones en términos presupuestales”, afirmó, y añadió que varias iniciativas de las bancadas fueron descartadas unilateralmente: “No iban a aceptar ninguna”.

Resultado favorable para el Pacto Histórico

La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, dijo que la suspensión de la sesión se dio como un resultado favorable para el Pacto Histórico. “Otra victoria para el Pacto Histórico, protegiendo los intereses de todos los colombianos, esta vez con el presupuesto general de la nación”, afirmó.

Carrascal defendió una propuesta presupuestal alternativa y la contrapuso a la del presidente Abelardo de la Espriella. “El Congreso se respeta, los y las colombianas se respetan y seguiremos defendiendo nuestro presupuesto alternativo, que es menor al de Abelardo de la Espriella, pero mayor para los colombianos y las colombianas, no para los acreedores”, sostuvo.

Asimismo, el representante Marco Hincapié, también del Pacto Histórico, cuestionó que el presupuesto regionalizado hubiera llegado minutos antes de la discusión en plenaria. “Logramos hacer respetar este país. Trajeron el presupuesto regionalizado hace quince minutos y querían que el Congreso de la República, en tan solo quince minutos, pudiera defender las regiones y los territorios”, señaló.

Hincapié describió el aplazamiento como una posición institucional frente al Gobierno. “Esto es un golpe sobre la mesa del Congreso de la República que le dice a Abelardo de la Espriella: ‘El Congreso se respeta’”, afirmó, y agregó que la discusión buscaba proteger la inversión social para los territorios.

Qué mantiene el PGN de 2027

La ponencia para segundo debate del PGN de 2027 mantiene un monto total de $634,9 billones, aunque incorpora cambios frente al texto aprobado inicialmente:

• El ajuste de mayor tamaño reduce en $8,6 billones la partida destinada al servicio de la deuda, que pasa de $152 billones a $144 billones para amortizaciones e intereses.
• El documento también contempla una adición de $4,5 billones para el Ministerio de Hacienda y otra de $3 billones para el Ministerio de Minas y Energía.

Estos cambios forman parte de la versión que debía ser considerada por la plenaria antes de que la sesión quedara suspendida.

Proposiciones sobre el Presupuesto de 2027

El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, radicó dos proposiciones para modificar artículos de la ponencia. La primera busca complementar el artículo 92, que crea un programa de austeridad y eficiencia del gasto para las entidades incluidas en el presupuesto nacional.

La iniciativa plantea que Hacienda formule y publique, en un máximo de tres meses, un programa con metas cuantificables de ahorro, indicadores de gestión y eficiencia, porcentajes de reducción del gasto y mecanismos de seguimiento. También propone concentrar los recortes en gastos no esenciales, como contratación por prestación de servicios, trabajadores en misión, viáticos, eventos, publicidad y viajes.

También prevé metas específicas para cada entidad y exige que el seguimiento a su cumplimiento esté disponible para consulta pública en la página de Hacienda. El objetivo es establecer compromisos medibles de austeridad y transparentar el uso de los recursos públicos.

La segunda proposición de Garcés modifica el artículo 91 para asignar $3,9 billones de los recursos apropiados en Hacienda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Esos fondos tendrían destinación exclusiva para la atención de familias afectadas, la recuperación y reconstrucción de viviendas e infraestructura pública y social, y el restablecimiento de las condiciones económicas de los territorios impactados.

Advertencia del Ministerio de Hacienda sobre artículos sin aval

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió al Congreso desaprobar y archivar cuatro proposiciones que las Comisiones Económicas Conjuntas habían avalado durante el primer debate, celebrado el 23 de septiembre. El jefe de la cartera económica sostuvo que las modificaciones se aprobaron sin aval escrito ni aceptación formal del ministro del ramo, lo que, a su juicio, vulnera la Constitución y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Solicitó:

• Retirar un incremento de $500.000 millones para el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
• Una asignación directa de $1,2 billones al Congreso.
• Disposiciones sobre la ejecución presupuestal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
• Objetó una reducción de partidas de la propia cartera para trasladar $1,05 billones a órganos de control y justicia, entre ellos la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la Registraduría, el CNE y el Congreso.

Advirtió que mantener esas iniciativas podría generar un riesgo de inconstitucionalidad para la ley anual de presupuesto, por lo que las proposiciones fueron retiradas de la ponencia para segundo debate. La nueva sesión del 19 de octubre concentrará un trámite que llega a su recta final con las diferencias sobre las prioridades del gasto público todavía sin resolver.