El Gobierno nacional y los ponentes del Presupuesto General de la Nación para 2027 alcanzaron un acuerdo para reducir en $6,4 billones el rubro destinado al servicio de la deuda, sin dejar de atender los compromisos financieros del país.
El entendimiento surgió después de una nueva reunión entre congresistas ponentes y representantes del Ministerio de Hacienda, y busca liberar recursos para cubrir necesidades consideradas prioritarias dentro del proyecto presupuestal.
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Según informó Blu Radio, el senador Christian Garcés, coordinador ponente del presupuesto, confirmó que la reducción permitirá redistribuir recursos sin afectar el cumplimiento de las obligaciones de la Nación.
“Se logra un acuerdo para reducir el servicio a la deuda, cumpliendo, obviamente, los compromisos de la Nación, en $6,4 billones”, señaló Garcés.
De acuerdo con lo anunciado, una parte importante de esos recursos se orientaría a atender la emergencia derivada del terremoto y fortalecer la gestión del riesgo.
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Terremoto y subsidios de energía, entre las prioridades
El acuerdo contempla que cerca de $6 billones puedan destinarse a la atención de la emergencia causada por el terremoto y a programas relacionados con la gestión del riesgo de desastres.
Sin embargo, otros ajustes discutidos por los ponentes incluyen una operación adicional de refinanciación de deuda por $8 billones.
El representante a la Cámara John Jairo Berrío explicó que esa refinanciación permitiría liberar recursos para atender obligaciones pendientes del sector energético, particularmente los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3.
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Según el congresista, el déficit en esos subsidios asciende a cerca de $4 billones.
“Se dispone de $8 billones de refinanciación de deuda, los cuales se distribuyen en $3 billones para subsidios de la energía a los estratos 1, 2 y 3”, explicó.
Berrío agregó que $4,6 billones se destinarían a la atención del terremoto, mientras el remanente sería asignado a distintas entidades, entre ellas algunos organismos de control.
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El congresista sostuvo que el Gobierno aceptó la necesidad de que esa refinanciación quede expresamente contemplada dentro del presupuesto de 2027.
Acuerdos todavía deben pasar por el Congreso
Pese a que Gobierno y ponentes lograron puntos de consenso, las modificaciones todavía no son definitivas.
Los acuerdos deberán ser incorporados formalmente en el proyecto del Presupuesto General de la Nación y posteriormente aprobados durante el segundo debate en el Congreso.
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Esto significa que la redistribución de los recursos todavía está sujeta al trámite legislativo y puede experimentar cambios durante la discusión en plenarias.
El objetivo de los ajustes es ampliar el margen fiscal disponible para atender necesidades urgentes sin incumplir las obligaciones asociadas al servicio de la deuda.
Dentro de las prioridades mencionadas aparecen la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, la gestión del riesgo, el pago de subsidios de energía y el fortalecimiento presupuestal de algunas entidades estatales.
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Por ahora, no se ha detallado cómo quedaría la distribución final de todos los recursos liberados ni cuáles entidades específicas recibirían las partidas adicionales distintas a las ya mencionadas.
Tampoco se ha precisado qué mecanismos financieros específicos permitirían reducir el servicio de la deuda en $6,4 billones sin afectar los compromisos de la Nación.
El siguiente paso será que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los ponentes queden reflejados en el texto que será sometido a votación en segundo debate.
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Solo después de esa aprobación podrá definirse con precisión cómo quedará distribuido el presupuesto de 2027 y cuánto dinero será efectivamente asignado a cada una de las prioridades acordadas.
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