Un ciudadano de nacionalidad colombiana, señalado como cabecilla de una organización dedicada al hurto de equipos biomédicos en Brasil, fue retenido en Bogotá por la Policía Nacional de Colombia a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, en cumplimiento de una notificación roja emitida a solicitud de las autoridades brasileñas.
El individuo, requerido por los delitos de hurto y asociación criminal, era buscado por su presunta participación en el robo de equipos médicos valorados en más de 110.000 dólares en São Paulo.
La retención se hizo efectiva en la capital colombiana como parte de la cooperación internacional en materia de justicia y lucha contra el crimen organizado transnacional.
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Según la información oficial que brindó desde su cuenta de X el comandante de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Jesús Alejandro Barrera, la mañana del viernes 28 de agosto, el hoy detenido sería el líder de una red que robó aparatos biomédicos en al menos ocho clínicas de Brasilia y otras ciudades cercanas.
El modus operandi consistía en que los integrantes del grupo se hacían pasar por representantes comerciales de empresas de medicamentos para ingresar a las clínicas y retirar los equipos.
Las autoridades brasileñas detallaron en su momento que los equipos robados eran embalados cuidadosamente junto con un DVD que mostraba el proceso de desmontaje, facilitando así su posterior montaje por parte de los compradores en Colombia.
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Además, los envíos se hacían con etiquetas que los identificaban como equipos usados de informática, con el fin de evadir los controles aduaneros.
En Brasil, el caso cobró notoriedad tras la captura, en un café de un centro comercial, de dos hombres y dos mujeres colombianos identificados como Jenny Rodríguez, Viviana Rodríguez, Edgar Mendieta y Leopoldo Ramos. Por tal motivo, la Policía Civil de Brasil informó que el grupo operó durante dos meses en la zona de Brasilia y que enfrentan cargos por formación de organización con fines criminales, delito castigado con hasta tres años de prisión, y robo calificado, con una pena de hasta ocho años.
“Ellos responderán ante la justicia brasileña y al final del proceso de cumplimiento de su pena serán deportados a Colombia”, explicó el delegado policial Watson Warmling.
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El sujeto retenido en Bogotá también cuenta con antecedentes en Colombia, donde cumplió una condena de 10 años de prisión por el secuestro de un comerciante en el Tolima y su posterior entrega a las extintas Farc-EP, detalló el general Barrera en su reporte.
Este historial delictivo es una muestra de la cooperación entre las autoridades de ambos países para combatir el crimen transnacional y garantizar que personas con antecedentes por delitos graves no encuentren refugio en territorio colombiano.
Al final, desde la Policía Nacional se destacó la importancia de la articulación con Interpol para hacer efectiva la retención y reiteró su compromiso con el trabajo mancomunado en la lucha contra redes criminales que afectan el sector salud y la seguridad ciudadana.
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El proceso ahora continúa con la verificación de la información judicial y la coordinación con las autoridades brasileñas para definir los pasos a seguir, que podrían incluir la extradición o la deportación del ciudadano colombiano, de acuerdo con los tratados y la legislación vigente.
En Bogotá también cayó otro extraditable requerido por la justicia brasileña
El caso del colombiano se suma al de otro connacional en febrero de 2026, y luego de que la Policía Nacional de Colombia detuvo en Bogotá a Miguel Ángel Díaz Lozano, requerido en extradición por las autoridades judiciales de Brasil bajo acusaciones de lavado de activos relacionados con una red de narcotráfico.
La captura, realizada en el sector de Santa Rita, fue posible mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Interpol, en coordinación con organismos internacionales.
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El proceso judicial que involucra a Díaz Lozano se origina en un requerimiento del Juzgado 1 Penal de Teófilo Otoni, en el estado brasileño de Minas Gerais.
De acuerdo con la investigación, el detenido habría actuado como operador financiero de una organización dedicada al tráfico de drogas, utilizando una empresa fachada en la región del Amazonas para legalizar fondos de origen ilícito.
Entre 2019 y 2025 dicha empresa habría recibido cerca de 5 millones de reales brasileños (aproximadamente un millón de dólares estadounidenses), mediante 2.229 depósitos realizados principalmente desde las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, detalla el reporte oficial.
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En ese entonces, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín y de Interpol Colombia, detalló que la empresa fachada operaba con transacciones de bajo monto para no ser detectada por el sistema bancario de Brasil.
La detención de Díaz Lozano se produjo tras un operativo que involucró el intercambio de información clave entre las autoridades de Colombia y Brasil, lo que permitió a los agentes ubicar y aprehender al extraditable en la capital colombiana.
Tras su captura, Miguel Ángel Díaz Lozano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que será responsable de tramitar la extradición en el marco de los acuerdos internacionales de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.
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Las autoridades continúan investigando para establecer si existen otras personas vinculadas a la estructura financiera detectada y rastrear el destino de los recursos ilegales movilizados a través de la empresa fachada.
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