El estado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y de las finanzas públicas en Colombia quedó bajo presión ante la divulgación que hizo el gobierno de Abelardo de la Espriella del Libro de la Verdad, un informe de empalme anticorrupción 2026 que expone deterioro en caja fiscal, deuda pública, recaudo y capacidad tecnológica.
El informe concluye que la Dian y el sector Hacienda llegan debilitados al nuevo Gobierno por una caja fiscal reducida, mayor presión de la deuda pública, rezagos tecnológicos y señales de menor capacidad operativa.
El documento coincide con advertencias que el exsubdirector de Fiscalización y de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dian Christian Quiñonez, y CEO de Clevertax Assessment, sostuvo desde 2024. El exfuncionario sostiene que esos hallazgos confirman alertas previas sobre metas de recaudo, cobro, autorretención y modernización tecnológica.
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Quiñonez dijo que “el Libro de la Verdad pone cifras y respaldo institucional a advertencias que como gremio técnico veníamos haciendo desde 2024: una Dian que no moderniza su tecnología no puede sostener metas de recaudo crecientes sin recurrir a medidas agresivas de cobro y a parches como la autorretención, y una deuda pública contratada a las tasas más altas de la historia reciente termina golpeando directamente a los ciudadanos”.
Caja fiscal, regla fiscal y presión de la deuda
El capítulo fiscal sitúa la caja del Estado en $16 billones al 31 de mayo de 2026. Ese nivel queda por debajo del rango histórico de $30 billones a $40 billones y la proyección de cierre de año baja a $7,1 billones.
También registra que el déficit llegó a 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025. La situación llevó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal para el periodo 2025-2027. En deuda pública, la Contraloría General de la República encontró que el Ministerio de Hacienda elevó el límite de los títulos de deuda (TES) del 50% al 100%. El informe agrega que esa decisión concentró la deuda pública en pocos tenedores.
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A esa presión se suman:
- Tasas de colocación entre 13% y 15%: descritas como las más altas de la historia del país.
- Vencimientos de la deuda: se concentran en 2026, 2029 y 2030, años que coinciden con el Gobierno entrante.
- Encargos fiduciarios por $113 billones: según la Contraloría, ese monto podría sobreestimar la ejecución presupuestal frente a la caja realmente disponible.
Rezago tecnológico y operativo de la Dian
El diagnóstico sobre la Dian combina problemas de recaudo, contrabando y operación interna. El contrabando se estima por encima del 1% del PIB y la productividad por funcionario cayó 3,5%.
- Asimismo, el informe identifica dos contratos tecnológicos por más de $310.000 millones que no funcionan. Los desagrega en:
- Sistema de gestión aduanera por USD29 millones.
- Software de gestión tributaria por USD 45 millones, con entrega proyectada hasta 2028.
También revisa el Plan de Modernización Tecnológica. Allí consigna una ejecución de $333.853 millones entre 2019 y 2024 y un avance declarado del 95%, aunque ese esfuerzo, según el mismo documento, no logró modernizar los sistemas misionales de la entidad.
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Otro punto se refiere a un contrato de arrendamiento por $19.996 millones para 3.064 puestos de trabajo. El informe señala que solo 1.890 se ocuparon y calcula un daño patrimonial de $17.287 millones, equivalente al 86% del contrato.
Otros frentes críticos del sector Hacienda
El Libro de la Verdad amplía el foco hacia otras entidades del sector Hacienda.
- Fondo Nacional del Ahorro (FNA): reporta un descalce estructural de $3,7 billones entre activos y pasivos. El deterioro de cartera subió 260,9% entre 2024 y 2025. El informe presenta ese dato como parte de un cuadro más amplio de fragilidad financiera.
- Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter): aparecen créditos por $328.000 millones a AIR-E S.A.S. E.S.P., hoy en liquidación. Esas operaciones se otorgaron sin soporte técnico suficiente en el modelo de riesgo.
- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag): la Contraloría registró hallazgos fiscales por $81.593 millones en 2024 y por $176.795 millones en 2025.
- Coljuegos: cobros prescritos por $34.023 millones y transferencias a salud que dejan de recibirse por cerca de $1,5 billones al año a causa del juego ilegal.
Advertencias previas
El contraste central del texto se apoya en advertencias que el exdirector de Fiscalización de la Dina Christian Quiñonez formuló después de su salida de la Dian a comienzos de 2024. El planteamiento apunta a que varios de los problemas ahora documentados ya eran visibles en metas de recaudo, déficit estructural y rezago tecnológico.
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- Enero de 2025: después de conocerse que el recaudo de 2024 cerró en $267,2 billones, 4,4% por debajo de 2023 y por debajo de la meta ajustada varias veces, el exfuncionario afirmó que la meta de 2025 era “demasiado alta, incumplible”. En febrero de ese año también alertó sobre el riesgo reputacional ante las calificadoras por fijar metas de recaudo desligadas de la realidad macroeconómica del país.
- Mayo de 2025: advirtió que la modernización tecnológica de la Dian tomaría al menos tres años más. La observación partía de que ya habían transcurrido casi seis años desde la asignación de recursos para ejecutarla. También alertó por el efecto del rezago tecnológico sobre la planta de personal calificado y el clima laboral en la entidad. El informe de empalme conecta ese atraso con sistemas que siguen sin responder a las necesidades misionales.
- Agosto de 2025: señaló que el Decreto 0572 elevó las tarifas de autorretención en la fuente para atender problemas inmediatos de caja, en lugar de corregir el desbalance estructural de ingresos.
- Diciembre de 2025: cuestionó acciones de cobro “muy agresivas”, con embargos sin previo aviso y sin margen para que los contribuyentes regularizaran sus obligaciones. También sostuvo que ese enfoque podía reducir la liquidez de las empresas, afectar sus ingresos y terminar golpeando el recaudo futuro.
- Mayo de 2026: explicó las implicaciones prácticas de la suspensión provisional de ese mismo decreto y anticipó mayores impactos operativos para hotelería, transporte y sectores extractivos.
- Agosto de 2026: insistió en que la salida a la crisis fiscal pasaba por reducir el gasto público y no por aumentar la presión sobre el contribuyente formal. Esa línea coincide con la lectura del informe sobre el deterioro de caja y las tensiones acumuladas en el frente fiscal.
El texto también enlaza sus advertencias con el costo y la concentración de la deuda pública. Así las cosas, las tasas de hasta 15%, los vencimientos concentrados entre 2026 y 2030 y la mayor emisión por mecanismos no tradicionales elevan el costo del financiamiento estatal y trasladan presión a las finanzas del Gobierno entrante.
Asimismo, el informe dejó abiertos tres frentes para la nueva administración:
- Recuperar la capacidad operativa de la Dian.
- Enfrentar la evasión y el contrabando.
- Reducir la incertidumbre de los contribuyentes formales.
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