Un juez de la Justicia Penal Militar y Policial envió a prisión a un sargento viceprimero investigado por la presunta sustracción de municiones de un batallón en Nariño y la falsificación de documentos para encubrir salidas de material de guerra, según informó esa jurisdicción en un boletín difundido este 18 de agosto de 2026.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 1716 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, que impuso “medida de aseguramiento en centro carcelario” contra el suboficial, señalado por peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público.
Los hechos investigados se remontan a 2024, cuando el uniformado trabajaba como almacenista de armamento del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23 BASPC23, ubicado en el Cantón Militar Boyacá de Pasto, en el departamento de Nariño.
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De acuerdo con la Fiscalía 2210 Penal Militar de Conocimiento Especializado, el suboficial “presuntamente permitió y facilitó la apropiación de municiones y material de guerra estatal por parte de terceros”, elementos que “habrían sido obtenidos por grupos al margen de la Ley”.
En la misma actuación, la Fiscalía sostuvo que el militar está bajo investigación por “presuntamente alterar documentos contables, comprobantes de gasto, certificados de consumo, actas de reintegro, balances, planillas, y registros de poligonos”, con los que “se habría dado apariencia de legalidad a salidas, consumos o bajas de munición que no contaban con respaldo real”.
El ente acusador también informó que detectó “la existencia de documentos con firmas falsificadas de oficiales y suboficiales”, las cuales “fueron desconocidas posteriormente por los supuestos suscriptores”.
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La investigación contó con el acompañamiento del Comando de Apoyo de Combate de Containteligencia Militar.
El uniformado “no aceptó los cargos” formulados en su contra.
Condenan a 5 militares a más de 20 años por la muerte de un campesino en base del Ejército en Antioquia
Un juez de Frontino, Antioquia, dictó penas de 20 años y 2 meses de prisión para cinco soldados del Ejército Nacional, tras determinar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravadas de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva. La decisión se produjo después de que los condenados aceptaran su culpabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
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La víctima fue retenida el 7 de octubre de 2025 en una base militar bajo sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Según la Fiscalía, “la víctima, de 27 años y con discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol”.
Durante cinco horas, sufrió tratos crueles, asfixia y sofocación. Murió en un baño de la base, luego su cuerpo fue envuelto en una hamaca, llevado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después, las autoridades recuperaron el cadáver, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la causa de muerte fue consecuencia de la tortura.
La sentencia alcanzó al cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y a los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La Fiscalía precisó: “Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaran, mediante preacuerdo, su responsabilidad en la tortura y posterior homicidio de un campesino”.
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El teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base, había recibido previamente una condena similar. Otros uniformados, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, siguen bajo proceso y privados de la libertad.
Según la Fiscalía: “Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, comandante de la base militar, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión. En este proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad”.
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