El 29 de julio, en Valledupar se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia en la que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares en retiro reconocieron su responsabilidad en los “falsos positivos” registrados en el Caribe entre enero de 2002 y diciembre de 2008.
En la diligencia, que es parte del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, la JEP informó que el 74% de las muertes investigadas en la región durante el periodo señalado corresponden a personas asesinadas y presentadas como bajas en combate.
De acuerdo con la jurisdicción, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
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El proceso investigativo se dividió en dos fases. En la primera, se identificaron 15 máximos responsables, antiguos miembros del Batallón La Popa, de los cuales 12 reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones de entre cinco y ocho años por el asesinato y, en algunos casos, desaparición forzada de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005. En la segunda fase, 28 comparecientes fueron imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzada de 604 víctimas.
Los secretos que revelaron los comparecientes
La audiencia inició con la intervención de Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado el 16 de enero de 2008 junto a Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez. Los tres jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en Cúcuta y trasladados al departamento de Cesar, donde pasaron a manos de integrantes del Batallón de Artillería La Popa y luego fueron asesinados.
“Tuve un apoyo grandísimo de la JEP. Estoy muy agradecido con la Unidad de Búsqueda. Saber la verdad es mejor que todo. No importa que uno conozca crudamente cómo fue asesinado su familiar. A los comparecientes del batallón, que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, les pido que aclaren toda la verdad”, indicó Morales Rodríguez.
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Gracias a medidas cautelares ordenadas por la JEP, los restos de Óscar Alexander y Germán Leal fueron recuperados, identificados y entregados a sus familias. Octavio David Bilbao Becerra permanece desaparecido.
El primer compareciente en hablar fue el mayor retirado Nelson Mauricio Molano Calderón, excomandante de la batería Bombarda del Batallón La Popa entre 2007 y 2008. “Con vergüenza me paro frente a ustedes para decir que es el momento de decir la verdad. Me alejé de mis valores, principios y creencias; de todo lo que aprendí de mi familia, y me volví un asesino”, inició la declaración del exuniformado.
Por su parte, el teniente coronel retirado Rubén Briam Blanco Bonilla también reconoció su responsabilidad. “Sigo convencido de que es mi deber aportar toda la verdad. Es mi obligación que ustedes encuentren toda la verdad plena y absoluta de los hechos ocurridos con sus familiares”.
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Blanco Bonilla relató que, antes de llegar al batallón, ya conocía la práctica criminal y que prefirió hacer caso omiso para no recibir represalias en la institución.
“Muchas personas inocentes fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como resultados operacionales, producto de la presión que se ejercía desde los mandos superiores. Había un indicador que pesaba en el Ejército, y eran las muertes en combate. Eso terminó materializado en una maquinaria criminal que se desarrollaba en diferentes niveles del batallón”.
Durante la jornada, María Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada, entregó a los comparecientes unos zapatos tejidos a mano como acto simbólico de memoria. Cada compareciente llevó los zapatos sobre el pecho, junto al corazón, como recordatorio del compromiso con la verdad y la memoria de las víctimas.
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“Estos zapaticos significan mucho para mí. Después de cuatro años, inicié la labor de tejer los 6.402 zapaticos, y lo logré. Esos zapaticos son mi búsqueda, mi caminar y mi lucha”, afirmó Tejada.
Uno de los momentos más significativos de la audiencia fue cuando el sargento Germán Custodio Tovio Medrano reconoció su responsabilidad en 16 asesinatos y desapariciones forzadas, en las que fue enlace entre reclutadores y militares, además de que aceptó haber manipulado pruebas y documentos tras las ejecuciones.
El compareciente reconoció que las víctimas eran miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Wayúu. “Reconozco el daño causado a los territorios, comunidades y etnias Wiwa, Wayúu y Kankuamo. No solo les dimos la espalda, sino que les causamos daños sabiendo que estaban por fuera del conflicto, que eran personas protegidas”.
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