El gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá un panorama fiscal cargado de presiones inmediatas, según el informe de empalme entregado por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, a su sucesor designado, Miguel Gómez. El documento advierte sobre huecos de presupuesto, necesidades urgentes en salud, cuentas pendientes con Ecopetrol y un posible choque financiero con las regiones.
De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el nuevo Gobierno tendrá que llegar con decisiones de ajuste desde el primer día. El informe señala que existen medidas “implícitas” de recorte o aplazamiento de gasto incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Financiero, pero advierte que falta aplicarlas.
Aunque el documento no entrega una cifra exacta, se recuerda que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho en varias ocasiones que el ajuste necesario para cumplir la meta de déficit ronda los 32 billones de pesos. Esa sería una de las primeras decisiones sensibles para el equipo económico entrante.
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Salud, maestros y presupuesto de 2027
El capítulo de salud aparece como uno de los más urgentes. El informe advierte que faltan 1,5 billones de pesos para los presupuestos máximos del sistema, recursos con los que se pagan atenciones y medicamentos de enfermedades de alto costo. Si no se atiende ese faltante, podría afectarse el flujo de recursos hacia la red prestadora y la entrega de servicios.
La salud de los maestros también llega en rojo. Según el informe, la Fiduprevisora ha advertido necesidades adicionales de financiación entre 1,2 billones y 1,7 billones de pesos. A esto se suma que el Fomag cerró el año pasado con un patrimonio negativo de 3,1 billones, lo que obliga a contener el gasto y buscar nuevas fuentes de recursos.
Otro punto crítico será el presupuesto de 2027. El gobierno saliente debe dejar radicada la propuesta, pero esta depende de una nueva reforma tributaria que busca recaudar cerca de 22 billones de pesos. El informe advierte que, si esa reforma no se aprueba, tendría que reducirse el techo de gasto.
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Ecopetrol, UPC y transferencias regionales
A esa presión se suma una cuenta pendiente con Ecopetrol. El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para pagarle a la petrolera unos 684.000 millones de pesos por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No hacerlo, según el informe, podría poner en riesgo la calidad crediticia y los ingresos de la compañía por ese concepto.
El próximo Gobierno también deberá definir con rapidez el cronograma de fijación de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027. Ese valor determina cuánto transfiere el Estado por cada afiliado al sistema de salud. El proceso todavía está en una etapa preliminar, mientras el Ministerio de Salud estructura la base de prestaciones.
Los gremios del sector han sostenido que la UPC estuvo subestimada durante la administración de Gustavo Petro, lo que habría contribuido al deterioro financiero del sistema. El informe saliente reconoce que se requiere una reforma estructural para garantizar sostenibilidad y plantea que debería tramitarse durante el primer semestre de 2027.
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El último frente señalado está en las transferencias a las regiones. El Congreso aprobó una reforma constitucional para aumentar los giros del Sistema General de Participaciones, pero la ley que redistribuye competencias sigue estancada. Si se exige aplicar el aumento en 2027 sin esa ley, Hacienda tendría que ajustar el presupuesto nacional, con riesgo de duplicar costos y afectar la sostenibilidad fiscal.
Por eso, la recomendación del gobierno saliente es convertir esa norma en prioridad legislativa para De la Espriella. El empalme deja claro que el nuevo Ejecutivo no solo heredará cuentas por pagar, sino decisiones difíciles sobre recortes, impuestos, salud, combustibles y financiación territorial.