Billy Escobar Pérez renunció a su cargo como superintendente de Sociedades. En un comunicado oficial de la entidad emitido el 24 de abril de 2026, el funcionario explicó que su salida de la superintendencia obedece a razones de carácter personal, relacionadas con lo que espera de su desarrollo profesional.
“Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha. Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”, precisó el funcionario en la comunicación oficial.
Explicó que durante su gestión, se enfocó en ampliar la presencia territorial de la entidad y en mejorar las herramientas para hacer un acompañamiento efectivo del empresariado, destacando sus aportes en materia social y apuntándole a la sostenibilidad y a la competitividad.
En ese sentido, agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza que depositó en su trabajo y porque, a su juicio, dio garantías de independencia a la entidad. De esta manera, fue posible posicionar a la superintendencia como un referente reconocido a nivel nacional e internacional.
“Seguiré aportando al país desde el lugar en el que me encuentre, con la convicción de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo empresarial son pilares del progreso de Colombia”, precisó.
¿Quién es Billy Escobar, saliente superintendente?
Escobar llegó a la entidad en diciembre de 2021; se posesionó ante la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana. Según la superintendencia, acumula más de 30 años de experiencia en administración y gestión de instituciones de educación superior, una trayectoria que incluye cargos docentes en universidades como el Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad de Módena (Italia). Su labor se ha enfocado en áreas como Derecho Laboral, Comercial, Seguridad Social, Procesal y Probatorio.
Graduado en Derecho por el Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de los Andes y un máster en Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Especialista en asesoría jurídica para empresas y consultorías en compliance, ha representado a sociedades ante entidades judiciales, administrativas y pares del sector privado, interviniendo también en procesos de constitución, gestión o disolución de sociedades mercantiles.
Las últimas medidas tomadas bajo el liderazgo de Escobar
Bajo su gestión, la Superintendencia de Sociedades tomó varias decisiones para garantizar la transparencia empresarial y el debido trámite de actuaciones administrativas. Una de ellas fue la sanción impuesta al representante legal del Deportivo Pereira F.C.S.A. en reorganización, Álvaro de Jesús López Bedoya, por desatender órdenes impartidas por la autoridad.
Entre las órdenes que no acató el sancionado está el hecho de haber reconocido en la contabilidad el valor de los derechos deportivos de 13 jugadores que no hacen parte de la sociedad.
“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, precisó el superintendente saliente.
Por otro lado, la entidad confirmó un acuerdo de reorganización de la sociedad Restcafé S.A.S. (marca OMA). Eso quiere decir que la empresa reorganizará su pasivo total de $76.000 millones, luego de que un acreedor aprobara la exclusión de créditos por $38.000 millones,
“Esta decisión responde al cumplimiento de las mayorías legales y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, reflejando la importancia de los mecanismos concursales como instrumentos de salvamento empresarial, en un marco de seguridad jurídica y protección de la prelación legal de créditos”, indicó Escobar.