Siete personas fueron vinculadas a una investigación por presuntamente certificar conductores sin cumplir requisitos. Los implicados harían parte de una escuela de conducción en Boyacá, según información obtenida por Revista Semana.
Las autoridades judiciales señalan que los usuarios obtenían licencias sin asistir a clases prácticas. El caso involucra registros falsos en sistemas oficiales.
Los hechos habrían ocurrido entre enero y septiembre de 2024 en el municipio de Samacá. La investigación sigue en curso y busca establecer responsabilidades.
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Certificados irregulares y manipulación de sistemas
Una investigación adelantada por las autoridades judiciales dejó al descubierto un presunto esquema irregular dentro de una escuela de conducción en el municipio de Samacá, Boyacá, donde siete personas habrían participado en la expedición de certificados de aptitud sin que los usuarios cumplieran con los requisitos exigidos por la ley.
De acuerdo con la información conocida, los implicados habrían entregado estos certificados a personas que no asistieron a las clases prácticas obligatorias, permitiéndoles acceder a licencias de conducción mediante pagos en efectivo.
“Las autoridades judiciales pusieron al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud”, según información obtenida por Semana.
El caso evidencia un presunto uso indebido de los sistemas que se articulan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad, en los que se registraban datos falsos para simular que los aspirantes habían aprobado todas las pruebas requeridas.
Según las investigaciones, los involucrados habrían consignado información adulterada en las plataformas oficiales, validando procesos que en la práctica nunca se realizaron, lo que permitió que los usuarios accedieran a documentos oficiales sin cumplir las condiciones establecidas.
Las irregularidades detectadas se habrían presentado en al menos 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre de 2024, lo que ha encendido las alertas sobre posibles fallas en los controles de este tipo de centros de formación.
Además, las autoridades señalaron que los implicados habrían utilizado su rol dentro de la institución para alterar planillas y reportar que los aprendices completaban las clases prácticas, cuando en realidad no asistían o no cumplían con la intensidad exigida por la normativa vigente.
Delitos imputados y avance de la investigación
Las personas vinculadas al caso fueron identificadas como Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.
A estos implicados se les atribuyen los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, cargos que no fueron aceptados, según información obtenida por ese medio de comunicación.
Las autoridades judiciales también indicaron que, además de la manipulación de registros, los investigados habrían realizado procedimientos biométricos irregulares para dar apariencia de legalidad a los trámites, lo que refuerza la hipótesis de una operación sistemática.
“Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban”, según información obtenida por ese medio de comunicación.
Este tipo de prácticas, de comprobarse, representarían una grave afectación al sistema de expedición de licencias de conducción, ya que permitirían que personas sin la formación adecuada circulen en las vías, incrementando riesgos para la seguridad vial.
En el desarrollo del caso, las autoridades lograron la captura de siete personas, quienes ahora enfrentan un proceso judicial mientras se recopilan más pruebas para determinar el alcance total de las irregularidades.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se definan nuevas etapas procesales, incluyendo la posible radicación de un escrito de acusación que permita avanzar hacia una eventual condena.
Este caso ha generado preocupación sobre la supervisión de los centros de formación automovilística y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que este tipo de irregularidades se repitan en el país.
Las autoridades judiciales mantienen abiertas las indagaciones con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y establecer si existen más personas involucradas en esta presunta red de corrupción.