La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un pronunciamiento en el que rechazó los señalamientos públicos y las amenazas de acciones legales y penales realizadas por Carlos Caicedo, actual candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana y exgobernador del Magdalena, contra periodistas de la emisora La FM.
Estas declaraciones surgieron tras la publicación de una investigación que expone denuncias de presunto acoso sexual durante su gestión como gobernador de Magdalena entre 2020 y 2023.
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Según la Flip, las expresiones de Caicedo constituyen un intento de intimidar y estigmatizar al periodismo, pues el dirigente político calificó el trabajo informativo del medio radial como una “táctica nazi” y lo describió como una supuesta maniobra para desestabilizar políticamente su campaña.
Además, el comunicado destacó que Caicedo anunció su intención de denunciar penalmente a un periodista de dicho medio ante la Fiscalía, con el objetivo de forzar la revelación de fuentes y, en sus palabras, lograr que la justicia “desmonte este burdo montaje de chats falsos”.
Un día después de la difusión inicial, Rafael Martínez, también exgobernador de Magdalena y miembro de Fuerza Ciudadana, participó en la controversia al difundir un video donde se refirió a la investigación periodística como un “burdo montaje de periodistas”.
Martínez sugirió, sin aportar pruebas, que se trataba de publicaciones financiadas para perjudicar políticamente a Caicedo. Posteriormente, insistió en que existía “un ataque coordinado, sistemático y pautado con estrategia a nivel nacional”.
La Flip advirtió que estos hechos evidencian una intención clara de deslegitimar la labor periodística y de inhibir la investigación sobre la gestión pública y la actual candidatura presidencial de Caicedo.
“La justicia no puede ni debe ser usada como instrumento de presión o censura frente al ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, expresó la organización.
El comunicado resaltó que el asunto sobre el que versa la investigación, relacionado con presuntos casos de acoso sexual, posee un interés público indiscutible y está amparado por una protección constitucional reforzada, ya que promueve la visibilización y denuncia de situaciones que afectan los derechos de las mujeres.
La fundación también señaló el riesgo que implica el uso de redes sociales y espacios de debate público para difundir mensajes que estigmaticen a la prensa, especialmente cuando provienen de figuras políticas con alta exposición.
“Varios ciudadanos y usuarios en redes sociales replicaron estos y otros señalamientos, como prensa ‘prepago’, en su contra”, advirtió la Flip. Este ambiente hostil puede fomentar la autocensura y limitar el acceso a información relevante para la ciudadanía.
De acuerdo con la Flip, la intimidación y la estigmatización digital generan condiciones adversas para el ejercicio periodístico y pueden derivar en escenarios de violencia directa.
El comunicado recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que la información relacionada con funcionarios públicos, particulares involucrados en asuntos públicos y candidatos a cargos de elección popular cuenta con un mayor grado de protección, lo que implica que estas personas deben demostrar mayor tolerancia ante las críticas y el escrutinio social.
La Flip documentó antecedentes de comportamiento similar por parte de Caicedo durante su gestión en Santa Marta, donde, según la organización, la estigmatización y el acoso judicial llevaron al exilio de un periodista local.
Además, la fundación contabilizó nueve episodios anteriores en los que Martínez habría estigmatizado a la prensa del departamento, sumando el actual como el décimo caso, ya sea en su rol de funcionario o como representante de un movimiento político.
En el contexto de las próximas elecciones, la Flip exhortó tanto a Carlos Caicedo como a Rafael Martínez a promover un discurso respetuoso hacia los periodistas y a abstenerse de emitir juicios que puedan derivar en intimidación o estigmatización.
“Se les exige que atiendan los llamados que hemos hecho de manera pública, directa y ante instituciones como la Procuraduría General de la Nación”, enfatizó la fundación.
El comunicado concluye recordando a quienes ocupan cargos públicos y a quienes aspiran a ellos, la obligación de garantizar la labor de veeduría e investigación de la prensa sobre asuntos de interés público, incluyendo la cobertura de figuras que buscan llegar a la Presidencia de la República.
“La información difundida en estos contextos responde al derecho de la ciudadanía a estar informada en una sociedad democrática”, subrayó la Flip, reiterando la importancia de proteger el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia.