La victoria de José Antonio Kast como presidente de Chile activó una oleada de incertidumbre entre las comunidades migrantes, especialmente entre los cerca de doscientos mil colombianos que se estima residen en ese país, de acuerdo con datos oficiales y testimonios recogidos por medios como EFE y Semana.
El compromiso de Kast de expulsar a quienes no poseen documentación regular en Chile mantiene en vilo a miles de personas, ante el inminente endurecimiento de las políticas migratorias.
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El censo de 2024 reveló que Chile alberga actualmente a 1.608.650 migrantes internacionales, de los cuales el 12,% proviene de Colombia, según reportó EFE.
La mayor parte de esta comunidad reside en la Región Metropolitana, aunque también existen importantes concentraciones en el norte del país en regiones como Tarapacá y Antofagasta.
En zonas periféricas de Santiago, como el asentamiento Nuevo Amanecer, familias colombianas, venezolanas, peruanas y haitianas sobreviven sin papeles en viviendas construidas junto a antiguos vertederos.
Allí, la volatilidad política y el miedo a perder lo ganado tras años de esfuerzo se sienten en cada conversación. “Tengo mi vida hecha acá”, dice Suhey García, migrante venezolana que llegó, según AFP, a Chile con su familia en 2020.
Su situación es compartida por la colombiana Nancy Guevara, quien ingresó en 2024 como turista y decidió quedarse. Guevara relató a AFP que espera “una oportunidad para regularizarse” en vez de enfrentar una expulsión inminente.
Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detallan que el 8,8% de la población chilena está compuesta por migrantes y que, según estimaciones oficiales citadas por AFP, unos 337.000 extranjeros permanecen sin documentos vigentes, siendo la mayoría venezolanos, aunque con una proporción relevante de colombianos.
El debate sobre la delincuencia vinculada a los migrantes irregulares ha sido uno de los ejes de la campaña electoral, como informaron AFP y EFE, aunque la tasa de homicidios en Chile permanece en 6,7 por cada cien mil habitantes, según la ONU, muy por debajo de los promedios regionales.
De todos modos, el discurso político de Kast ha calado entre parte del electorado que asocia migración irregular y violencia. Su programa contempla la construcción de un muro fronterizo, la presencia militar en zonas limítrofes y la aceleración de procesos de expulsión.
Según un reporte de 180 Grados, tras los anuncios del gobierno, algunos migrantes de Colombia y Venezuela han comenzado desplazamientos hacia la frontera con Perú, mientras otros procuran formalizar su situación antes de la puesta en marcha de las nuevas medidas.
Red de apoyo comunitario, organizaciones y colectividades migrantes entregan información sobre trámites y derechos, buscando paliar el impacto de las políticas restrictivas.
Las autoridades han delineado como prioridad la reducción de la migración irregular, el fortalecimiento de controles en pasos no habilitados y la imposición de plazos estrictos para que los residentes sin papeles regularicen su estatus migratorio.
Fuentes de 180 Grados y EFE advierten que quienes no cumplan estos requerimientos quedarán sujetos a procedimientos administrativos de expulsión, así como a posibles restricciones al acceso a servicios estatales, en una estrategia para no incentivar la permanencia irregular.
La historia de la migración colombiana a Chile está marcada por factores económicos, expectativas de mejora y redes de apoyo familiar o social.
Como explicó Yesid Castaño “muchos llegan atraídos por la percepción de mejores salarios y oportunidades que en Colombia” y enfrentan dificultades para regularizar su estatus, así como para encontrar empleos estables.
A pesar de haberse duplicado la población migrante en menos de una década, Chile no se ubica entre los países con mayor porcentaje de migrantes a nivel global, pero en comparación con los promedios sudamericanos su tasa es más alta, indicaron voceros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a EFE.
El endurecimiento de la política migratoria y el anuncio de plazos para la regularización afectan de manera directa a familias enteras, incluidas aquellas con hijos nacidos en Chile. La incertidumbre domina el ambiente, sin noticias claras sobre cómo se implementarán los procesos de expulsión en términos logísticos.
Organizaciones civiles y de derechos humanos expresaron a 180 Grados su preocupación ante la posible vulnerabilidad a la que quedan expuestas miles de personas, que han construido una vida en Chile tras vencer obstáculos económicos y sociales en sus países de origen.