La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, atraviesa un preocupante aumento de secuestros.
Desde el lunes festivo, 17 de noviembre, al menos ocho personas han sido privadas de su libertad en esta zona, tanto en áreas rurales como en el casco urbano del municipio de Tibú.
De ese grupo, al menos dos víctimas ya fueron asesinadas, lo que ha incrementado el temor y la zozobra entre los habitantes.
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El ambiente de inseguridad se ha intensificado en la comunidad local, que vive bajo la amenaza constante de los grupos armados ilegales. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, expresó a Caracol Radio la angustia que atraviesan las familias: “Las familias están muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando, teniendo en cuenta este número de retenciones y secuestros en Tibú y que por temor muchas veces a los grupos alzados en armas se abstienen de denunciar ante las autoridades“.
Mayorga también destacó que, pese al miedo, la población utiliza los canales de comunicación disponibles para solicitar a los actores armados que respeten la vida de los secuestrados y los liberen.
La situación se agrava con la noticia de que al menos dos de los secuestrados han sido hallados sin vida en zonas remotas, donde la presencia de las autoridades es prácticamente nula.
Según información recogida por el medio mencionado, la comunidad permanece a la espera de que las funerarias puedan acceder a estos lugares para realizar el levantamiento de los cuerpos, una tarea que recae en última instancia sobre estos servicios ante la imposibilidad de intervención oficial.
En medio de este panorama, el caso de Belisario Peñaranda ha cobrado especial relevancia. Este adulto mayor lleva un mes en cautiverio y recientemente se difundió una prueba de supervivencia en video, en la que solicita a su familia que atienda las demandas de sus captores para evitar un desenlace fatal.
Segundo sospechoso del caso Harold Aroca es detenido, confirman autoridades
La captura de Isaac Chará, señalado como segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca, fue confirmada el 22 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El detenido deberá responder ante la Justicia por homicidio agravado, secuestro y tortura.
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), sostiene que Anderson Santiago Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del menor a un lugar donde fue sometido a actos degradantes y posteriormente atacado con un arma de fuego.
El cuerpo de la víctima, un adolescente de 16 años, fue hallado cuatro días después en una zona boscosa cercana al barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.
Con la detención de Chará, ya son dos personas capturadas en relación con el caso, lo que representa un avance en la respuesta institucional. Según información de El Tiempo, la aprehensión se realizó cerca de las 11:00 p. m. del 21 de noviembre en la localidad de Santa Fe, y el sospechoso fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que el último registro audiovisual de Harold Aroca muestra cómo fue interceptado por cinco individuos. En la grabación, Chará puede identificarse por su estatura: “Es el más alto”.
El video documenta una confrontación verbal y el momento en que uno de los hombres toma a la víctima por la espalda, elemento clave para la investigación.
La hipótesis principal apunta a una represalia por los cuestionamientos que el joven realizó sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.
Los indicios recabados respaldan el móvil de venganza por parte de los presuntos responsables. Durante la audiencia, Pinzón Pedraza no aceptó los cargos de homicidio y tortura agravados, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y secuestro simple. La jueza de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario para garantizar su comparecencia y la protección de la comunidad, especialmente de los menores residentes en Santa Fe.