Las advertencias sobre la fragilidad del abastecimiento de gas en Colombia volvieron a escena luego de que el gremio de ingenieros petroleros proyectara que la entrada en operación de Sirius, uno de los desarrollos más ambiciosos del país, podría extenderse hasta 2031. El retraso, que se suma a los recientes anuncios de Ecopetrol y Petrobras, abre un capítulo que obliga a repensar la planificación energética en un escenario de declinación acelerada de los campos existentes.
La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) encendió las alarmas tras revisar el cronograma actualizado del proyecto. Aunque a finales de octubre se confirmó que la producción no arrancaría en 2029 como se había contemplado, sino en 2030, el gremio advirtió que ese nuevo plazo no está garantizado y que existe “la probabilidad para que esto suceda en 2031”. Un año más que, para sus cálculos, tendría efectos importantes en los niveles de importación.
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La entidad reconoció el anuncio de comercialización conjunta hecho por Ecopetrol y Petrobras, que contempla la venta temprana de hasta 249 millones de pies cúbicos de gas por día (Mpcd), provenientes de Sirius. Sin embargo, insistió en que la modificación de la fecha de arranque obliga a preparar un plan de contingencia. La razón es simple, el país confiaba en este proyecto para reducir su dependencia del gas importado y avanzar hacia el autoabastecimiento.
En su análisis, Acipet enfatizó que la producción nacional seguirá cayendo y que, sin Sirius, la demanda deberá cubrirse desde el exterior. “La declinación de los campos existentes continuará y, en consecuencia, muy probablemente en 2029 y 2030 se tendrá que importar volúmenes mayores de gas a los que hoy se estiman”, advirtió. Por eso, la entrada en operación del campo en el corto plazo ya no es solo un objetivo industrial, sino un asunto de seguridad energética.
A esa presión se suman trámites pendientes. El gremio recordó que para obtener la licencia ambiental están en curso 120 consultas previas, cuyo avance determinará si el cronograma continúa o vuelve a moverse. Su mensaje fue claro: “es imperativo que las 120 consultas previas requeridas para la obtención de la licencia ambiental avancen con prontitud, de lo contrario, los efectos negativos para el país serían significativos”.
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La organización aprovechó esta coyuntura para pedir al Gobierno que le otorgue a Sirius la categoría de Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pines). De acuerdo con su posición, esa designación permitiría acceder a herramientas institucionales que facilitarían la coordinación entre autoridades y operadores, aliviando trabas administrativas e impulsando decisiones logísticas clave. Su solicitud, además, abarca otros proyectos de gas en tierra firme (“on-shore”), así como iniciativas de infraestructura necesarias para ampliar la capacidad de transporte y regasificación.
A juicio de Acipet, incluir a estas iniciativas en la lista de Pines enviaría un mensaje claro sobre la prioridad del suministro de gas natural en la transición energética. La organización recalcó que la seguridad energética es un tema de interés nacional y que requiere acción conjunta. “Debemos trabajar mancomunadamente, para romper cuellos de botella y lograr que los proyectos inicien a tiempo”, señaló.
El gremio insistió en que, más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema energético colombiano. En un contexto en el que la producción de gas declina de manera sostenida y la demanda se mantiene estable, retrasos adicionales en Sirius no serían un simple revés administrativo, sino un golpe a la capacidad del país para cubrir sus necesidades sin recurrir masivamente a las importaciones. Ese escenario sería costoso, tanto para la industria como para los hogares.
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Finalmente, Acipet reafirmó su interés en acompañar el proceso. “Acipet reafirma su disposición técnica e institucional para contribuir con soluciones que fortalezcan la sostenibilidad del sistema energético colombiano, en articulación con el Gobierno Nacional, las empresas del sector y la sociedad civil”, concluyó.