Basta caminar por cualquier zona concurrida del país para notar la presencia de carretas, carpas improvisadas o vendedores que cargan su mercancía a la espalda. Lo que a simple vista parece una actividad dispersa, en realidad es una de las expresiones económicas más robustas de Colombia, capaz de mover miles de millones al año y de emplear a cientos de miles de personas.
Los datos del Dane confirman la magnitud del fenómeno, en 2024 operaron 507.266 puestos de ventas ambulantes, atendidos por 586.668 personas, la cifra más alta en cinco años. El crecimiento respecto a 2023 fue de 5,3% en número de puestos y de 5,4% en quienes se dedican a esta labor, lo que evidencia que, para muchas familias, la calle sigue siendo refugio económico e impulso para sostenerse.
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Una parte importante del impulso se debe a la rápida recuperación del sector después del golpe de la pandemia. En 2020, la facturación total de las ventas ambulantes fue de $5,74 billones. Dos años después, ya sumaban $10,22 billones, y en 2024 alcanzaron $12,84 billones, casi el triple del registro inicial. El Dane insistió en que estas cifras permiten ver la fuerza de la economía popular, muchas veces subestimada, pero clave para la circulación de recursos en los barrios.
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Dentro de ese universo, el comercio se lleva la mayor parte, con una participación del 45,9%. Le siguen los servicios (34,2%), la industria (11,6%) y actividades como agricultura, ganadería, caza y pesca (8,2%). La proporción también se refleja en las dinámicas del espacio urbano: cerca de 59,3% de los puestos son móviles, vendedores que se desplazan a pie o en bicicleta, mientras 40,7% funcionan desde puntos fijos, apoyados en carretas o casetas que se adaptan al entorno.
Aunque la presencia es diversa, los hombres dominan el oficio, 306.590 frente a 200.676 mujeres. Aun así, la participación femenina es notable en áreas como alimentos, confecciones o pequeños servicios locales. Para muchas, la venta en calle se convierte en una forma directa de sostener económicamente sus hogares, sin depender de intermediarios, contratos formales o empleadores tradicionales.
Sin embargo, el panorama laboral es precario. De acuerdo con el análisis del Dane, solo 0,7% de quienes trabajan en ventas ambulantes 3.671 personas están afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL). En salud y pensión, la situación es todavía más amplia, 495.150 no realizan ningún tipo de aporte; apenas 8.395 cotizan formalmente y 3.721 aportan solo a uno de los dos rubros. Esta situación refleja la vulnerabilidad de un sector donde las reglas del juego dependen más del día a día que de la ley.
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La informalidad empresarial también es predominante. Según el informe, 476.976 vendedores no cuentan con Registro Único Tributario (RUT), mientras solo 30.471 sí lo tienen. Iván Jiménez, docente del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó para La Republica “la vasta mayoría son informales tanto en lo laboral como en lo empresarial”. El profesor recordó que, aunque la informalidad no es sinónimo automático de ilegalidad, sí deja a los vendedores en desventaja frente a servicios financieros y protección social.
Uno de los caminos para reducir esa brecha debería ser la digitalización de los pagos, pero su adopción avanza lento. Pese al crecimiento de plataformas como Nequi o Daviplata, apenas 20% de los vendedores ambulantes acepta pagos digitales; es decir, unos 98.399 trabajadores. Más de 506.000 continúan usando únicamente efectivo, un hábito impulsado tanto por la desconfianza tecnológica como por la necesidad de recibir dinero de inmediato, sin comisiones ni trámites.