El 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado por un dron cargado con explosivos durante una operación contra grupos armados ilegales en el municipio de Amalfi, en el noreste de Antioquia. El ataque dejó a 13 uniformados muertos y cuatro heridos, cifras que evidencian la letalidad de la acción y la vulnerabilidad de las fuerzas estatales frente a nuevas tácticas de los grupos criminales.
El hecho atribuido a los grupos armados como Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó preocupación por el aumento de la inseguridad en los últimos años.
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En Cali, Valle del Cauca, se registraron dos explosiones en las cercanías de la base Marco Fidel Suárez, donde había transeúntes por el sector, un espacio comercial concurrido.
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, una de ellas un menor de nueve años, y más de 60 heridos. “Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, expresó la institución.
En este contexto, Rodrigo Lodoño, integrante del partido Comunes publicó un comunicado en el que expresó “su más enérgico rechazo a la oleada de hechos de violencia que han ocurrido en nuestro país en las últimas semanas. Hacemos un llamado urgente a cesar el accionar armado y brindar gestos claros de diálogo con el actual Gobierno, pero sobre todo a garantizar el derecho fundamental a la paz en los territorios y en comunidades y sus apuestas organizativas”.
A su vez, afirmó que los ataques terroristas afectan principalmente a la población y los acuerdos alcanzados con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.
“La violencia no puede seguir siendo un instrumento para hacer política, mucho menos cuando las principales afectaciones recaen sobre miles de familias colombianas que sueñan con una paz estable y duradera, y que apoyan los procesos de implementación del Acuerdo Final de Paz. Dicho Acuerdo, a través de sus Programas, Planes y Proyectos contemplados en el Plan Marco de Implementación (PMI), constituye la hoja de ruta más seria y concreta para alcanzar la tan anhelada paz”.
En paralelo, aseguró que la solución a las problemáticas de inseguridad y el fortalecimiento de grupos armados en todo el territorio nacional es la implementación de una reforma agraria que permita cumplir con uno de los puntos más importantes del tratado de paz. De esa manera, según Londoño, se podría terminar el conflicto armado en el país.
“Reafirmamos que la Reforma Rural Integral, la Reforma Política y de Participación, el Fin del Conflicto Armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación integral a las víctimas y la Implementación plena del Acuerdo de Paz siguen siendo el hecho histórico que invita a continuar con su ejemplo, porque representan el compromiso real de transformar las causas estructurales de la guerra en Colombia”.
Y agregó: “En ese sentido, hacemos un llamado a todas las organizaciones armadas persistentes a facilitar la solución política real al histórico conflicto social y armado de Colombia, evitando así nuevos derramamientos de sangre. Colombia entera clama por un cese al fuego y por alternativas diferentes a la violencia, que permitan avanzar hacia un gran Pacto Nacional y un ejercicio democrático de la política al servicio de las transformaciones sociales que requiere el país”.
Para finalizar, reiteró el compromiso con la construcción de paz, la defensa de la vida y la búsqueda de salidas políticas al conflicto. “Solo a través del diálogo, la implementación integral del Acuerdo de Paz y la voluntad de reconciliación podremos consolidar una sociedad justa, incluyente y en paz”, concluyó Londoño.